La adquisición de los vehículos Lexus ES300h fue cancelada tras los cuestionamientos a la compra, que hubiera significado una gasto superior a $1.200 millones de pesos.
El Poder Judicial decidió suspender la compra de los vehículos marca Lexus, luego de la controversia y las críticas que generó el exagerado gasto fiscal.
Los Lexus ES300h, automóviles de alta gama, iban a ser utilizados para renovar la flota de vehículos de los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial, reemplazando a los actuales Toyota Camry.
Gasto millonario
El modelo seleccionado para la renovación vehicular de las autoridades pública, tiene un precio que supera los $50 millones de pesos, según el valor de mercado actual. Por lo que la renovación de la flota, implicaba un desembolso aproximado de $1.200 millones de pesos.
Al ser reveladas las cifras, la compra de los vehículos recibió duras críticas por parte del sector político, la ciudadanía y también desde el gremio de los funcionarios del Poder Judicial.
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En una declaración pública, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) opinó sobre la decisión de la Corte Suprema, señalando que “nos parece poco oportuno que se gasten más de mil doscientos millones de pesos en 22 autos, hecho que es contrario al carácter austero de la judicatura”.
“Es por ello que esta Asociación rechaza esta adquisición y viene en recordar que los servidores públicos deben extremar el cuidado de los recursos destinados para cumplir los fines institucionales, cuidando en todo momento de no dilapidar los fondos destinados a la administración de Justicia”, sentenció la organización.
Un polémico lujo
Frente la conocida noticia de la compra de los elegantes vehículos, el presidente Gabriel Boric manifestó que “todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública pueden contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera: de manera austera pero segura, más bien austera y segura“.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aclaró que el Ejecutivo no puede ni debe interferir en tales decisiones, ya que el Poder Judicial es autónomo y maneja su propio presupuesto.
Sin embargo, entregó una particular declaración. “Yo tengo un vehículo año 2015 con 260 mil kilómetros y todavía funciona bien”, señaló en medio de la polémica por el excesivo gasto planificado por la Corte Suprema.
