Votación histórica en la Cámara de Diputados

Es decir, como modelo para entregar seguridad a las personas de que tendrán una pensión digna y suficiente para solventar su vejez, la capitalización individual es un fracaso.

Por una amplia mayoría, esto es, tres quintos de la Cámara de Diputados, fue aprobado el proyecto de ley que autoriza a las personas -por única vez y bajo el estado de excepción constitucional- a retirar el 10% de sus cuentas de capitalización individual en las AFP, con el fin de compensar la crisis económica producto de la pandemia.

Si bien se trata de la “idea de legislar”, lo cual significa que recién se abre el proceso de discusión en torno a esta propuesta, igualmente la contundente votación es una clara señal hacia toda la institucionalidad política, en cuanto a que el modelo constitucional y económico ya no responde a las exigencias ciudadanas.

El sistema de capitalización individual para las pensiones se gestó durante el régimen militar y se impuso a todos los chilenos, con la única excepción de las Fuerzas Armadas. Luego, tras el retorno de la democracia, es uno de los pocos sistemas que nunca fue modificado en el fondo, aunque sí tuvo cambios relevantes en su forma.

De hecho, se ha discutido mucho y las propuestas para un cambio de modelo en materia de administración del sistema de pensiones, suman miles de páginas en la biblioteca del Congreso Nacional y en el archivo de La Moneda. Pero de allí a un cambio en la ley, absolutamente nada, durante los gobiernos de la Concertación.

El único cambio sustantivo ocurrió durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se crearon los multifondos. Sin embargo, su complejidad hace imposible que cualquier persona pueda resolver, sin asesoría técnica, en qué momento es recomendable cambiarse de fondo, buscando siempre las mejores rentabilidades posibles.

Así los dineros acumulados en las AFP están actualmente invertidos en distintos instrumentos financieros, en Chile y el extranjero. Por mandato legal, no pueden ser retirados por los cotizantes. Sólo cuando se jubilan, el propio sistema paga las pensiones, calculadas según el monto total reunido por cada persona en forma individual.

En la práctica, esto significa que, si las personas reúnen poco, entonces la jubilación será muy baja. Pero ocurre que si alguien acumula un monto que puede ser relevante, esto es, más de 30 millones de pesos, por ejemplo, su jubilación será igualmente baja.

Es decir, como modelo para entregar seguridad a las personas de que tendrán una pensión digna y suficiente para solventar su vejez, la capitalización individual es un fracaso. Pero, como modelo financiero, ha sido exitoso, porque los fondos constituyen un factor de liquidez clave para los bancos y el propio Estado.

De hecho, mucho antes del denominado “estallido social”, las movilizaciones contra las AFP ya eran masivas y muy populares. Todo esto le restó legitimidad a este sistema, haciendo crecer el impulso ciudadano por un cambio, si bien no de fondo, igualmente que permita ayudar a las personas durante la pandemia.

Así surgió esta idea del retiro del 10% de los fondos. Aunque el Gobierno se opuso, exponiendo como contraparte su oferta mejorada de asistencia a la clase media, nada hizo cambiar a la opinión pública y, tampoco, a las fuerzas políticas que habían madurado por años en el Congreso, como respuesta a la demanda ciudadana.

Ahora que saber lo que resolverá el Senado y, finalmente, si el Poder Ejecutivo opta por promulgar una posible ley o, en cambio, se inclina por un veto constitucional. Sin duda, una prueba de fuego para la institucionalidad, cada vez más tironeada por el pode de la calle. ¿Quién se acuerda de la Constitución?

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