Lunes, Marzo 18, 2024
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Justicia ciega, sorda y muda tras el Golpe del 11 de septiembre de 1973

Columna de opinión por Diego Palomo, Abogado y Académico de la U. de Talca.

En el 50 aniversario del Golpe de Estado que sacudió nuestro país a punta de bombas sobre la Moneda el 11 de septiembre de 1973, vuelve a la memoria la vergonzosa complicidad del Poder Judicial, que se erigió como un pilar fundamental en el engranaje de represión y violencia instaurado por la dictadura.


Desde Urrutia Manzano, presidente de la Corte Suprema en ese entonces, hasta el resto de los miembros del máximo tribunal, abandonaron a su suerte a miles de personas.
El actuar orgánico y sistemático de la Justicia chilena en esa época es un capítulo de ignominia, manchando la integridad y legitimidad de una institución que debía velar por la protección de los derechos y la dignidad de las personas.


La historia nos ha mostrado cómo, en aquel período, la Justicia se convirtió en un instrumento al servicio de la represión del régimen militar. En lugar de resguardar la legalidad y la justicia, muchos miembros de la judicatura abrazaron, en su gran mayoría, la opción militante con el régimen imperante, otorgando su aval a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El rechazo de miles de recursos de amparo, presentados por ciudadanos que buscaban escapar de las garras de la violencia estatal, es sólo un botón de muestra, pero una mancha indeleble en el expediente de la Justicia chilena de aquel tiempo.


Estos jueces, cegados por su alineación política y su sumisión al poder militar, condenaron en los hechos a miles de compatriotas a un destino inhumano y trágico. La ceguera voluntaria ante las atrocidades cometidas, la sordera frente a los gritos de sufrimiento y la mudez ante los testimonios de los afectados revelan una traición a los principios más básicos de la Justicia.


En lugar de ser guardianes de los derechos y la dignidad, estos individuos se convirtieron en cómplices de una maquinaria de represión que asoló el país. No obstante, es importante subrayar que hubo actos aislados de resistencia y valentía por parte de algunos miembros del Poder Judicial, quienes a pesar del riesgo personal, alzaron sus voces y tomaron acciones en defensa de la justicia y los derechos humanos. Quiero recordar en estas líneas la valentía del juez Haroldo Brito que fue de los pocos que se atrevió a salir del tribunal y constituirse en el lugar dónde se suponía estaban las personas en riesgo. Su concurrencia al cuartel Las Palmas, su valentía, su determinación, debió ser un ejemplo a seguir en aquel momento aciago.


Este tipo de jueces demostraron que, incluso en las circunstancias más adversas, la integridad moral y el compromiso con la justicia pueden prevalecer sobre la complacencia y el conformismo.
El 50 aniversario del Golpe de Estado es una oportunidad para recordar las más negras páginas de la historia de la Justicia chilena. Es un llamado a la reflexión profunda sobre la responsabilidad institucional y personal.


La memoria de aquellos tiempos oscuros debe servir como advertencia para las generaciones futuras, un recordatorio de que la Justicia debe permanecer siempre independiente y comprometida con la protección de los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos.


Diego Palomo
U. de Talca

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