“Sobreutilización de la imagen personal del alcalde”

El pronunciamiento del Contralor adquiere relevancia, porque viene a cuestionar acciones reñidas con el principio de legalidad.

Un rotundo pronunciamiento emitió el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, en torno a consultas de ciudadanos y autoridades de distinta índole, respecto a la forma en que los alcaldes han intervenido en el contexto de la crisis sanitaria generada por contagios de Covid-19, dejando a la fecha dos víctimas fatales.

Ocurre que, luego de un primer “triunfo” que significó la suspensión temporal de clases en liceos y colegios públicos, los jefes comunales comenzaron a desplegar un conjunto de acciones que, si bien pueden ser bien intencionadas, muchas veces caen en abiertas ilegalidades que pueden afectar los derechos de sus propios ciudadanos.

Todos los chilenos están conscientes que la pandemia del Coronavirus es extremadamente grave y que se deben adoptar medidas concretas. Pero esas decisiones, si bien corresponden al Poder Ejecutivo, deben gestarse a partir de lo que dice los expertos y, además, en una gradualidad que facilite la respuesta del sistema de salud.

Pero no es lo único, porque esas medidas –en tanto afectan la movilidad de las personas y, con ello, a la industria de los servicios y al comercio- causan también impacto económico. Y ocurre que la economía venía sufriendo por la “guerra comercial” entre China y Estados Unidos, pero también, por el denominado “estallido social”.

En consecuencia, aplicar de un minuto a otro la restricción total, se traduciría en un camino sin retorno para la pequeña y mediana empresa, sector productivo que otorga el 60% del empleo, más aún, en regiones y, más todavía, en ciudades como Talca, donde no existen industrias y los servicios tienen un rol fundamental.

Sin embargo, los alcaldes literalmente se desataron. Los más radicales optaron por aplicar un supuesto “cierre” de sus comunas, mientras otros instalaban “barreras” con fines sanitarios y, algunos, literalmente levantaban barricadas para evitar la llegada de turistas desde Santiago. Todo ello, al final, fue afrontado y corregido.

Otros alcaldes optaron por el camino más serio, en cuanto primero decretaron emergencia comunal, pero encaminando las medidas a ordenar internamente las funciones de sus municipalidades y, especialmente, respecto a los servicios de salud y educación pública. De hecho, esperaron aprobación legal para instalar controles en sus accesos.

Lo más grave, sin duda, ocurrió cuando algunos alcaldes hablaban en matinales en horario de trabajo, pero también, después se dedicaron a anunciar el fallecimiento de víctimas de la pandemia. Otros viajaron a La Moneda a dejar una carta, desde regiones como el Maule. Al final, todo fue un hito comunicacional y político.

Por ello, el pronunciamiento del Contralor adquiere relevancia, porque viene a cuestionar acciones reñidas con el principio de legalidad. Entre ellas, señala “la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral -particularmente en matinales- y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios, sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas”.

“Además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal, a la vez de constituir una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público”, añade el documento.

Dejar comentario

Please enter your comment!
Please enter your name here

Diario el Centro se reserva el derecho de editar, eliminar y/o modificar comentarios, que esten en contra de las políticas de nuestra empresa