Sentencia final en el Caso Aylin

La ciudadanía de Talca no puede menos que estar tranquila y segura, al saber que la justicia está haciendo su trabajo

En audiencia pública realizada el viernes pasado, los jueces de la primera sala del Tribunal Oral en lo Penal de Talca, realizaron la audiencia de lectura de sentencia en el denominado Caso Aylin, esto es, la investigación por el asesinato de la joven, Aylin Fuentes, donde se llevó a ocho acusados a juicio que fueron declarados culpables.

Más allá del resultado, por cuanto las defensas todavía cuentan con plazo legal para presentar recursos ante tribunales superiores, lo importante es que la justicia nuevamente logró sacar adelante un caso emblemático, de alta complejidad y que, además, presenta características de connotación social por el impacto en la ciudadanía

Fue casi un mes de audiencias de juicio, donde se presentaron numerosos testigos, peritos, pruebas materiales y documentales. Todo ello, sumado al perfil de los acusados, llevó también a Gendarmería a adoptar medidas de seguridad especiales, para evitar incidentes, asegurar la normalidad de las audiencias y también del tribunal.

A la vez, también se ejercitaron en la práctica los denominados pilares de la reforma procesal penal y que, según los expertos, constituyen las garantáis del debido proceso. Esto es, la oralidad e inmediación de las audiencias, sumado a la transparencia, cuya expresión es la presencia de los medios de comunicación en las audiencias.

Fue así que Diario El Centro una periodista presente en todas las audiencias, incluyendo las lecturas de veredicto y sentencia. Ello permitió dejar registro de lo que pasó en el juicio, sus vaivenes y el perfil que tuvieron los testigos y peritos que se presentaron ante los jueces, como los comentarios de sus protagonistas.

La ciudadanía de Talca no puede menos que estar tranquila y segura, al saber que la justicia está haciendo su trabajo, que esta institución y todas las que trabajan en forma integrada por el Poder Judicial, están funcionando debidamente, cumpliendo sus deberes y reconociendo el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Todo ello adquiere relevancia, en especial, cuando vemos que encuestas a nivel nacional ponen en duda la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, alimentando discursos que apuntan poner en duda el Estado de Derecho y que persiguen, como objetivo político, partir de cero en un proceso constituyente.

Pero con estos juicios queda en claro que, al menos respecto a la separación de los poderes del Estado y su autonomía, es un modelo institucional que no puede sufrir cambios. Ello, por cuanto constituye la mejor garantía que los ciudadanos tienen de que el Estado de Derecho dará a todos las mismas oportunidades y facultades.

Lo contrario, como ocurre en otros países, es que sea el Ejecutivo quien nombre jueces o fiscales, por ejemplo, haciendo con ello que estos poderes queden al servicio de la política. Con esto, no decimos que el sistema sea perfecto, porque requiere correcciones, pero que buscan mejorar y no reescribir este modelo institucional.

El derecho a la justicia es inherente al ser humano y forma parte esencial de la vida en sociedad. Pero ejercido así, de forma reglada, con debido proceso e igualdad ante la ley. Lo contrario es hacer justicia por mano propia, lo que está vedado para una sociedad contemporánea, más aún, para una que valida la democracia.

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