Reforma constitucional

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5 de diciembre de 2019
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La agenda social, la agenda anti abusos, o el incremento de la violencia como método de expresión política resultan ser parte de los temas principales que asoman como consecuencia tras el denominado estallido social existente en nuestro país.

La discusión constitucional, parece ser, otra de las aristas de la amplia gama de temas que han surgido a raíz del malestar social en las calles. Pues bien, por qué resulta relevante la conversación que se ha iniciado al respecto, y por qué a la vez, es atingente controlar las expectativas en torno a lo que podría emanar del proceso constituyente mismo, son cuestiones que afloran como importantes para el futuro inmediato.

La Constitución, como elemento basal del ordenamiento jurídico político de cualquier nación, es el soporte institucional de la comunidad política, aquella norma más relevante de un país que sienta los derechos fundamentales y libertades de los individuos, procurando limitar el amplio poder y campo de acción del Estado sobre las personas. En la Constitución, en principio, se enmarcan ciertos principios y valores que la sociedad decide abrazar, y que son parte de su cultura jurídica.

Así las cosas, y en opinión personal de este columnista, la discusión sobre la nueva Constitución, en caso de aprobarse la opción de acepto caminar hacia una nueva carta fundamental, no puede prescindir de los elementos que paso a comentar a continuación: igualdad ante la ley como uno de los principios rectores, entendiendo que no hay cancha ni reglas del juego que permitan discriminaciones o arbitrariedades en ámbitos culturales, sociales, económicos, étnicos o políticos. No debe haber lugar para que situaciones así puedan ampararse en vacíos o lagunas.

La libertad del individuo como eje fundante, con un Estado que propenda y respeta al libre desarrollo del proyecto de vida de cada persona, en equilibrio con el respeto por los derechos fundamentales de aquel que está a nuestro lado. La descentralización, dotando de una institucionalidad que haga frente a la exacerbada raigambre cultural que fija todo desde Santiago, sin ponderar debidamente el aporte sostenido de las regiones para el futuro de Chile.

Respeto irrestricto al Estado de Derecho, con la adecuada autonomía de los poderes del Estado, avanzando como ocurre en el derecho comparado, hacia un rol también colaborativo entre estos. Probidad y transparencia en los gobiernos, con garantías del gasto eficiente y real de los recursos públicos, con una ciudadanía que amplíe su ingreso al conocimiento del gasto del mundo público y político en particular. Limitaciones al poder del Estado, de tal manera que no se vulneren por este los derechos fundamentales que cualquier Constitución establece.

Todo esto, en sintonía con una reforma integral al Estado, que acerque a este al ciudadano promedio, no meramente para la eliminación del rol de la política a este, sino para que genuinamente los buenos aportes ingresen a contribuir y a profesionalizar los servicios orientados hacia la comunidad organizada. Una reforma constitucional que no mire en paralelo a un Estado más eficiente, ágil y moderno, sería un muy triste rostro para las nuevas generaciones.

Cierto es que muchas de las demandas tan sentidas por los chilenos y chilenas, no se resolverán con una nueva Carta Magna, eso es también parte de la sinceridad que los nuevos servidores públicos debemos tener para con nuestra gente. Esto último, en nada priva el sano debate por el eventual nuevo texto constitucional. Aportemos constructivamente a lo que nos convoca.

Ervin Castillo Arancibia
Abogado

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