Rectores valoran propuesta para financiar déficit por gratuidad en educación superior

Se aprobó el uso del 30% del Fondo de Crédito Solidario para financiar la mitad del arancel de aquellos estudiantes con gratuidad que se exceden en el tiempo regular de las carreras

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2 de diciembre de 2019
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Desde el año pasado, las autoridades académicas advirtieron pérdidas millonarias por los costos que deben asumir las universidades, debido a los alumnos que pierden la gratuidad.

Tras insistentes denuncias de las universidades sobre la necesidad de tomar medidas para evitar el desfinanciamiento por la aplicación de la gratuidad a estudiantes que se retrasen en la culminación de sus carreras, finalmente, la Ley de Presupuesto 2020 incluyó la aprobación del uso de excedentes del Fondo de Crédito Solidario, así como la conformación de una mesa técnica para analizar y proponer un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior.

La Ley de Presupuesto -recién despachada por el Congreso- considera una glosa para el uso de recursos del Fondo de Crédito Solidario de las casas de estudios, para financiar el 50% de los costos de los aranceles de aquellos estudiantes que gozan del beneficio de gratuidad y que se exceden en el tiempo regular de las carreras.

Las normas de la gratuidad establecen que las universidades solo pueden cobrar la mitad del arancel el primer año de retraso, es decir, el sexto para las carreras de cinco años de duración. Después del séptimo año, pueden cobrar el 100%.

RECTOR UTALCA
Costear la mitad del arancel para las universidades se traduciría más adelante en un déficit del presupuesto interno. Localmente, en el caso de la Universidad Católica del Maule (UCM), se calculaba que la pérdida fuera de aproximadamente 900 millones de pesos; mientras que en la Universidad de Talca, sería un gasto de mil 200 millones de pesos.

En esas condiciones, la aprobación del uso de un porcentaje del Fondo de Crédito Solidario –que había sido iniciativa parlamentaria el año pasado y rechazada por el Gobierno- fue bien valorado por los rectores de dos de las principales casas de estudios de la región.

“En este caso la Ley de Presupuesto sí lo considera que las universidades que tengan excedentes usar hasta un 30% en el financiamiento del año de exceso que los estudiantes puedan tener en sus estudios, lo que obviamente contribuye a aliviar el presupuesto de las universidades toda vez que eso se hacía a costo muy alto, así que es un tema que ha sido muy bien valorado por el Consejo de Rectores y por las universidades estatales”, afirmó el rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.

RECTOR UCM
En tanto, el rector de la UCM, Diego Durán, enfatizó, “en lo que se refiere a la educación superior hay inequidades, hoy, avaladas por ley que distinguen entre instituciones de manera arbitraria o con sesgos ideológicos. Estas inequidades sin duda que afectan a instituciones como la UCM”, afirmó.

“Agradecemos en este aspecto la consideración de poder hacer uso del 30% de lo recuperado del Fondo de Crédito Solidario en el caso de estudiantes que no logran terminar sus carreras en el tiempo nominal de duración de las mismas. Sin embargo, el presupuesto no da una solución a esa inequidad que hoy es estructural”, añadió.

NUEVO SISTEMA
En la Ley de Presupuesto 2020 también se incluyó la conformación de una comisión técnica para hacer un análisis global del sistema financiero de la educación superior.

Dicha comisión estará integrada por miembros del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), de las universidades estatales, privadas, institutos profesionales, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación.
A partir de allí, esperan -tal como lo proyectó el rector de U. de Talca- “tener un informe importante para resolver los temas de financiamiento universitario, toda vez que la famosa ley del Crédito con Aval del Estado (CAE) -que ha sido tan discutida por la sociedad, porque ha dejado a muchos estudiantes muy endeudados- tenga un fin”.

“Que sea sustituido por otro instrumento de financiamiento, el cual hay que definirlo en esta comisión técnica, que la gratuidad sea revisada y que podamos corregir los defectos que pueda tener, y que eso sea parte de una propuesta de financiamiento que el Gobierno y el Parlamento deben revisar, para resolver un tema que inquieta profundamente a las familias”, indicó.

CAMBIOS A LA LEY
El análisis del sistema, a juicio de la máxima autoridad académica de la UCM, debe hacerse desde una mirada integral.

“Evaluar el sistema de financiamiento de la educación superior –dijo- debe ser una prioridad y vemos con buenos ojos esa posibilidad. Pero en esto también será necesario no solo revisar los elementos técnicos a considerar, sino que también las bases teóricas y los modelos que se usarán para ello, donde se considere la regionalidad, la atención a la vulnerabilidad, así como los aportes concretos a la población en todas las áreas que comprenden las universidades, como elementos sustanciales al financiar”.

Por otro lado, agregó que “el problema de la gratuidad, sin duda, deberá ser abordado y, en ello, especialmente, la consideración al cambio de la ley, no solo en la duración de las carreras como referente para el pago de la gratuidad, sino que también en el respeto a la autonomía universitaria en el uso de los mismos”.

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