Propondrán cambios legales para enfrentar colapso tras masiva suspensión de juicios orales

De los cuatro tribunales orales del Maule, el de Talca concentra el mayor número de juicios reagendados. En total, son 88 causas que se han suspendido por temor a los contagios

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11 de junio de 2020
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A la fecha, la reprogramación de juicios en los tribunales penales de la región asciende a 159, de un total de 179 audiencias que ya estaban agendadas. Todo esto como consecuencia de las medidas extraordinarias aplicadas para proteger la salud, tanto de los funcionarios del Poder Judicial, como de los imputados, usuarios e intervinientes.

De los cuatro tribunales orales del Maule, el de Talca concentra el mayor número de juicios reagendados. En total, son 88 causas reprogramadas a la fecha. Sin embargo, no es una realidad única de los tribunales penales, sino también del área civil, laboral y de familia.

El congestionamiento del sistema que esto supone en el futuro ha llevado a las instituciones involucradas a evaluar prioridades y, a la vez, buscar posibles alternativas para manejar la situación de crisis, una vez superada la pandemia.

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MODIFICACIÓN LEGAL
En el caso de la Asociación de Magistrados del Maule, sus integrantes trabajan en la elaboración de una propuesta de modificaciones legales, tal como lo informó el presidente regional, César Leyton.

En el planteamiento sugieren el aumento de los plazos para dictar sentencias y para la fijación de las audiencias, así como abrir la posibilidad de que en cada Tribunal Oral en lo Penal se realicen los juicios bajo las normas de procedimiento abreviado, los cuales -según la legislación vigente- solo son aplicables en los Juzgados de Garantía.

El procedimiento abreviado, explicó Leyton, consiste “en que el juzgamiento se realiza sobre la base de que el imputado acepte los hechos de la acusación y los antecedentes de la investigación, por lo tanto, lo que hace el juez es juzgar en base a la carpeta de investigación fiscal”.

Eso, lógicamente, aumenta las posibilidades de que el imputado sea condenado, pero evita la realización de un juicio oral. Además, para que pueda ejecutarse, el imputado debe estar de acuerdo y es necesario el consenso entre la Defensoría, la fiscalía y que el tribunal acepte proceder de esa manera.

La Asociación de Magistrados también trabaja en propuestas para el resto de las áreas del sistema de justicia. “La preocupación de la asociación existe y esta situación afecta todos los procedimientos, no solo los tribunales penales”, aseveró Leyton.

LA SALUD COMO PRIORIDAD
Para la Asociación de Fiscales, teniendo en consideración la crisis sanitaria, lo primordial es avanzar en la entrega de justicia, pero asegurando el bienestar de las partes que intervienen en las audiencias.

Sobre esa base, el consejero regional de la Asociación de Fiscales, Carlos Altermatt, indicó que lo más idóneo por ahora es realizar los juicios de menor complejidad a distancia.

“Se debe priorizar la vida y salud de las personas que concurren a las audiencias de juicio, lo que significa en la actualidad renunciar a la presencialidad y hacer juicios por vía remota al igual que como se hacen las audiencias en juzgados de garantía y alegatos en la Corte de Apelaciones de Talca, con muy buenos resultados”, expuso.

RESPETO DE GARANTÍAS
Desde la academia hay voces que refieren que la suspensión de juicios puede leerse también como “una visión de la eficiencia que, por un lado valora la velocidad y la respuesta oportuna de los tribunales, pero que también valora una respuesta de calidad que solo estará disponible cuando se respetan los postulados elementales de justicia, sobre el cual se levanta nuestro sistema jurisdiccional”, afirmó Diego Palomo, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

Por lo tanto, Palomo afirmó ser partidario de que la realización de los juicios presenciales se extienda “hasta que la situación permita asegurar el respeto a las garantías y valores fundamentales sobre los cuales se levanta la idea del debido proceso, lo cual justificó la reforma procesal penal, versus vaciar de contenido, renunciando a esas garantías con tal de sacar adelante los juicios al precio que sea”.

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