Por qué una nueva Constitución

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16 de diciembre de 2019
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El 26 de abril los chilenos votaremos en un plebiscito para iniciar el proceso de generar una nueva Constitución. Casi cuarenta años antes, el 11 de septiembre de 1980, ya tuvimos una experiencia aparentemente parecida. Sabemos que no tuvo rigor democrático. La Constitución que se impuso entonces fue aprobada en un acto irregular, sin registros previos, sin un organismo fiscalizador autónomo, sin franja televisiva ni debates, sin libertad de prensa ni de reunión. Buena parte de los chilenos la ha cuestionado desde entonces. Pese a ello, con algunos cambios de fondo nos permitió salir pacíficamente de la dictadura.

Antes del plebiscito del “sí” y el no”-ha explicado el historiador y profesor universitario Francisco Javier Estévez- a la Constitución se le eliminó el artículo octavo, que proscribía a los partidos de la izquierda marxista, y se reconoció, en su artículo quinto, que “el ejercicio de la soberanía tiene como limitación el respeto a los derechos esenciales de la persona y que ellos se encuentran consagrados internacionalmente. Estas reformas de 1989 vinieron a derrumbar una parte importante de la arquitectura ideológica en que se había sostenido el régimen dictatorial”.

En 2005, agrega, “las reformas constitucionales impulsadas por el Presidente Lagos permitieron desactivar cada uno de estos mecanismos de supra control militar, que hacían de la Constitución de 1980 un terreno minado para la política en tiempos de democracia”. Entonces se puso fin a los senadores designados y a los vitalicios.
Lo que no se alteró en democracia fueron las bases ideológicas del modelo impuesto por los “Chicago boys”, resumido en un texto bautizado humorísticamente por sus autores como “El Ladrillo”.

La certeza, proclamada reiteradamente de que esta era la única verdad “científica” para garantizar el desarrollo económico y social, impregna la Constitución hasta hoy. A su amparo, los administradores del Estado y de las grandes empresas, no aceptaron críticas, rechazaron términos como “solidaridad” y “bien común”. Mantuvieron encendidos los fuegos de un sistema en el cual todos estamos incluidos: Isapres, AFP, libertad de comercio, bajas sanciones (si alguna) para abusadores y coludidos.

Fue un experimento en que el éxito macro-económico no “chorreó” como se había pronosticado. Al contrario, el espectacular ingreso per capita solo agravó una insoportable desigualdad. Sin embargo, hasta el estallido de las últimas semanas, las muestras del creciente malestar general no fueron escuchadas.

Abundan los ejemplos, desde el propietario de un fundo ribereño del lago Ranco que expulsó groseramente a quienes -pese a tener el amparo de la ley- estaban en la playa (“su playa”), hasta los ejecutivos que, con cara de palo, sostenían que las isapres no podían recibir personas enfermas o que las AFP nos calculaban a todos sus afiliados 110 años de expectativas de vida a fin de no correr riesgos alguno con las pensiones. Y hay más.

Ya nadie recuerda a quienes estafaron a miles de haitianos prometiéndoles empleos que no existían, cuyo negocio estaba en la venta de pasajes. Las bajas penas para los delitos de cuello y corbata fueron parte del modelo.
Una Constitución no garantiza una sociedad más justa, pero la hace posible. Esa es la razón que justifica cambiar la que tenemos.

Abraham Santibáñez

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