Nuevamente la PSU

Cuando se creían terminados los problemas que hubo con la rendición de la PSU los días 6 y 7 de enero pasado, con excepción de lo que ocurrió en regiones como el Maule, donde todo el proceso se vivió con normalidad, salvo situaciones muy aisladas, ahora ocurre que todo quedará definitivamente sin terminar.

Así se desprende de la decisión adoptada por el Consejo de Rectores, donde se determinó finalmente no aplicar la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, suspendida el 7 de enero por una filtración, con el argumento que es imposible garantizar que podrá realizar el examen sin ninguna alteración o incidente violento.

En definitiva, esto significa que ganaron quienes optaron por utilizar la fuerza y la violencia para impedir que otros miles de jóvenes ejerzan su derecho a optar por la educación superior, única vía para el desarrollo y crecimiento personal de jóvenes que no nacen en cuna de oro y tampoco con alguna destreza especial.

Fueron justamente ellos los que perdieron, esto es, quienes respaldados por sus familias, buscan seguir el camino largo y valioso del estudio, el sacrificio y la perseverancia, para crecer en la vida. Ellos saben que la educación y el mérito es lo único que les permitirá alcanzar o superar lo que lograron sus padres o apoderados.

Pensando en estos jóvenes, los rectores dieron a conocer que se les compensará la imposibilidad de rendir el examen de Historia con la asignación automática del puntaje mayor que hayan obtenido en cualquiera de las otras pruebas, incluyendo el puntaje de las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el ranking escolar.

Pero los poco más de 200 mil jóvenes que iban a rendir dicho examen, saben muy bien que nunca conocerán el puntaje que podrían haber obtenido y, en especial, si les podría o no haber ayudado a subir sus opciones de alcanzar la carrera que aspiraban. Es decir, ninguna fórmula los podrá compensar en forma adecuada.

La incertidumbre es tan alta que, incluso, nadie puede asegurar que los jóvenes que no lograron rendir las primeras dos o tres pruebas porque sus colegios los tomaron o porque terceros les impidieron el ingreso, en la nueva fecha logren finalmente llevar a cabo dicho proceso. A esta altura de las cosas, es algo improbable.

Todo esto, sin perjuicio del legítimo derecho de quienes desean manifestarse en contra de la PSU -como mecanismo de selección para ingresar a la educación superior- lo puedan hacer en forma libre y legítima, pero sin pasar a llevar los derechos de los otros. Por esos otros son la mayoría que quiere salir adelante.

En el fondo, subyacen todas las críticas posibles a los problemas que tiene la PSU como instrumento para seleccionar adecuadamente a los jóvenes más capaces y con mejores conocimientos. Existe evidencia que este mecanismo valida la segregación que subyace en el actual modelo educacional chileno.

Pero cambiar la PSU es algo que debe ser parte del debate público y no por las vías de hecho. Chile no puede avanzar con la lógica de que la fuerza se imponga a los que son pacientes y pacíficos. Porque la democracia y el Estado de Derecho son justamente lo contrario. Son reglas que aseguran a todos un marco común.

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