Naciones Unidas dictaminó que supuesto riesgo de violencia no justifica impedir manifestaciones

Manifestantes independentistas en España en los alrededores del Monasterio de Poblet (Tarragona) contra la visita del rey Felipe VI.

Los gobiernos no pueden utilizar el supuesto riesgo de desórdenes o de violencia para impedir manifestaciones pacíficas, declaró hy el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la instancia que vigila el cumplimiento del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Cualquier restricción que se imponga al derecho a manifestarse debe basarse en «una evaluación diferenciada e individualizada de la conducta de los participantes. Las restricciones generales para participar en una reunión pacífica no son apropiadas», dijo Christof Heyns, uno de los miembros del Comité, citado en un comunicado.

La instancia de la ONU publicó una interpretación jurídica del derecho humano a reunirse y manifestarse pacíficamente, sea de forma física o virtual, y enumeró las obligaciones de los Estados en este sentido.

La pandemia de la covid-19 constituye uno de los mayores desafíos a las manifestaciones con fines pacíficos, un derecho internacionalmente reconocido y protegido por el tratado sobre derechos civiles y políticos (en vigor desde 1976) que han ratificado 173 países.

En medio de la crisis sanitaria la necesidad de manifestarse resurgió en varios países, particularmente en Estados Unidos, a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía, un crimen que dio pie al movimiento «Black Lives Matter» (las vidas de los negros importan).

Las mayores restricciones y la mayor represión de ese movimiento ciudadano se registró en EEUU, con la justificación de que alentaba la violencia.

«Las referencias generalizadas al orden y la seguridad pública o los riesgos potenciales sin especificar de violencia no son argumentos sólidos para prohibir las manifestaciones pacíficas», afirma el Comité, compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos.

Según ellos, los participantes tienen derecho a usar máscaras o cubrirse el rostro y los gobiernos no deben recabar su información personal ni amenazarlos o intimidarlos.

Los gobiernos tampoco deben bloquear internet ni cerrar sitios web para impedir la organización de manifestaciones, de acuerdo al órgano de la ONU.

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