Mil 870 empresas se han acogido a la ley de protección del empleo

Al menos mil 870 empresa en la región se han acogido a la ley de protección del empleo, representando un 2,8% del total a nivel país, lo que ubica al Maule en el séptimo lugar del ranking, según confirmaron desde el Ministerio del Trabajo.

Según datos de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, mil 600 empresas del total llegaron a un acuerdo con sus trabajadores para lograr una suspensión del contrato; mientras que 270 se acogieron a la ley mediante un acto de autoridad, producto de la emergencia sanitaria que vive el país por el Covid-19.

Las cifras señalan que -aproximadamente- unos ocho mil 600 trabajadores en la región se verán impactados por esta medida. De ellos, seis mil 300 pactaron con sus empleadores la suspensión del contrato, mientras que a dos mil 300 les fueron suspendidos temporalmente sus contratos producto de un acto de la autoridad sanitaria.

LLAMADO A NO DESVINCULAR
Al respecto, la seremi de Trabajo del Maule, Ana Paola Ponce, subrayó que la iniciativa –de carácter transitorio- tiene como fin proteger la empleabilidad y los ingresos de los trabajadores, por cuanto durante el periodo de suspensión laboral, los empleadores deben mantener el pago de sus cotizaciones de salud y previsional.

La autoridad regional hizo un llamado a aquellas empresas que estén atravesando por una situación complicada a “no desvincular a sus trabajadores”, aludiendo a los alcances de esta ley, normativa que calificó como “una medida diseñada para evitar la ruptura de la relación laboral”.

DESCONTENTO DE LA CUT
Ante este escenario, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Talca, Soraya Apablaza, manifestó su descontento ante la implementación de dicha normativa, por el alto número de grandes empresas que se están acogiendo a la ley.

“A este proyecto de ley se le hicieron muchas críticas y el argumento que dio el Gobierno para justificarlo era que su objetivo principal es la protección al empleo y el apoyo a las pequeñas empresas; pero en el listado de las empresas que se han acogido, nos vamos a encontrar un número no menor de grandes empresas con niveles de facturación altísimos”, dijo.
Soraya Apablaza agregó que la ley ha sido de mayor provecho para aquellas empresas que, en realidad, cuentan con los recursos y seguros en caso de situaciones extraordinarias para el pago de capital de trabajo, por lo cual, sostuvo que pueden soportar situaciones extremas sin que afecte realmente sus finanzas.

VULNERACIÓN DE DERECHOS
La presidenta provincial de la CUT subrayó que –en su opinión- esta ley representa una vulneración de los derechos de los trabajadores, al explicar que redactada “entre cuatro paredes”, sin la participación de las organizaciones que representan al mundo del trabajo.
“No olvidemos que el propio Gobierno creó un consejo consultivo laboral desde el Ministerio del Trabajo, el cual se supone era para abordar las políticas laborales, pero para proponer esta ley no se convocó a nadie”, expuso. Por ello, calificó que la normativa persigue proteger a los grandes grupos de poder económico.

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