“Más que ejemplo de autocorrección creo que es un caso de error”

Una muerte sucedida en medio de un contexto social agitado ha tenido un desenlace inusual para el sistema judicial, cuyas características son explicadas por el jefe regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública y abogado de la persona a quien la fiscalía retiró el cargo como autor del delito.

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16 de diciembre de 2019
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Rodrigo Flores fue el abogado defensor del militar imputado y también se desempeña como jefe regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

Un vuelco tuvo la semana pasada la investigación abierta por la muerte de José Miguel Uribe, el joven herido por arma de fuego mientras estaba en una protesta en Curicó, los primeros días del estallido social en el país.

Por este caso fue formalizado un cabo segundo del Ejército, quien disparó con su arma (de guerra) en el mismo sitio donde estaba Uribe. Poco más de un mes después de aquella audiencia, la fiscalía retiró el cargo por homicidio al militar, quien quedó en libertad, con una investigación en curso solo por el delito de disparo injustificado. El mismo día, un civil fue presentado en tribunales como presunto autor del homicidio.
Rodrigo Flores, abogado defensor del militar y jefe regional de Estudios de la Defensoría Penal Pública, reflexiona sobre la forma como se ha desarrollado el caso y el funcionamiento del sistema judicial.

¿Cuáles son las probabilidades de que una persona sea formalizada como presunto autor del delito y después se le desvincule?
“No es muy frecuente que una persona sea formalizada por un delito y que en el transcurso de la investigación la fiscalía decida dejar sin efecto las medidas cautelares. Lo que sí es frecuente es que las personas resulten absueltas en el juicio oral, es decir, que la fiscalía lleve hasta últimas instancias la investigación y se termine de establecer la inocencia de una persona. Lo que aquí ocurrió es excepcional, porque se produce dentro de la investigación y en mi experiencia son muy pocos los casos donde la fiscalía toma este tipo de decisiones durante esta etapa.
Nosotros teníamos la convicción de que él era inocente. Esto lo sosteníamos en función de la evidencia que había, de las declaraciones de testigos, de nuestra experiencia respecto de los efectos de los disparos, algunos conocimientos en balística y experiencia en el área médico forense. Sinceramente, esperábamos que esto llegara a juicio oral y, eventualmente, en el juicio terminar acreditando la inocencia de él”.

¿De qué depende que esto se dé durante la investigación y no hasta el juicio?
“Considero que tiene que ver con las decisiones que el Ministerio Público adopte en el marco de la investigación. Generalmente, las defensas van poniendo a disposición de las partes todos los antecedentes. En el ejercicio de la defensa de un imputado se van aportando antecedentes sobre la inocencia de una persona, se van cuestionando las pruebas. Pero si esas propuestas que hace la defensa no son atendidas por parte de la fiscalía llegamos hasta el final. Aquí, creo que la fiscalía escuchó a la defensa, porque nosotros propusimos en audiencia una línea de trabajo y en este caso ellos también indagaron esa línea. La sorpresa fue que al seguir en esa línea lograron comprobar que era efectivo lo que la defensa proponía”.

¿Esa atención que da la fiscalía a la parte defensora, a su vez, de qué depende?
“No hay un estándar. Uno esperaría que sea una escucha permanente. La fiscalía tiene un principio de objetividad que la rige y eso significa que debe investigar con el mismo celo tanto aquellas líneas que se utilizan para acreditar la responsabilidad de una persona, como también aquellas que permiten demostrar su inocencia. Uno esperaría que siempre las posiciones de la defensa sean atendidas y también se investiguen. Pero eso no ocurre siempre”.

¿Por qué no ocurre siempre?
“Probablemente, porque las posiciones que tenemos en el marco del sistema de justicia son contrarias y, probablemente, porque el interviniente tiende a investigar aquellas líneas que tienen por objeto establecer la responsabilidad, desatendiendo en alguna medida este deber de objetividad. Ahora, si me preguntas por qué, a veces, pienso que es la carga de trabajo. Frente a un caso me imagino que investigar con el mismo celo tres tesis distintas es el triple de trabajo y, quizás, la carga de trabajo impide que se puedan establecer con el mismo celo aquellas líneas investigativas que son propuestas por los otros intervinientes”.

EL OTRO IMPUTADO
¿Cómo llegan después al otro imputado formalizado?

“La fiscalía propuso una idea. Ellos dijeron que escucharon una entrevista en un medio de comunicación local y le pidieron a la policía que buscara a esta persona y esta persona fue entrevistada. El día de la audiencia de formalización nosotros exhibimos tres videos que daban cuenta de que los militares abandonan el lugar y no hay ninguna persona herida y llevamos a la audiencia a la persona que había filmado esos videos, lo mencioné con nombre y apellido. Esas cosas fueron desatendidas por parte de la fiscalía en esa oportunidad. Ellos rechazaron todo que estábamos proponiendo en esa instancia. Sin embargo, luego entrevistaron al testigo que habíamos llevado a la audiencia, analizaron los videos que exhibimos y se dieron cuenta de que, efectivamente, al momento que los militares abandonan el lugar no había ninguna persona herida.

Ese mismo día de la primera formalización presentaron a otra persona por el delito de lesiones que habría cometido en el centro de la ciudad (Curicó) durante la protesta, media hora antes del homicidio del señor Uribe, en un radio inferior a un kilómetro de distancia, con un arma de fuego de 9 milímetros mientras conducía una camioneta roja; y los testigos que habíamos llevado nosotros decían que los militares se habían ido, que no había ninguna persona muerta y que los disparos habían provenido de una persona que viajaba en una camioneta roja. Ese dato existía. El mismo fiscal estaba llevando las dos investigaciones”.

¿Todo este caso podría leerse como autocorrección del sistema?
“Creo que es una mirada amable creer que en 50 días el sistema fue lo suficientemente capaz de corregir el error que había incurrido y restablecer el orden de la cosas en el sentido de que ahora está en libertad aquella persona que no debió estar presa. Pero creo que más que ser un ejemplo de autocorrección creo que es un caso de error. Me parece bien que se corrija, pero lo esperable es que no ocurra”.

¿Se puede garantizar a la ciudadanía en general que esto puede suceder a cualquier persona que no tenga un rango militar o determinada jerarquía?
“Creo que el rol principal de la defensoría es establecer ciertos estándares mínimos bajo los cuales nosotros podamos asegurar que nadie va a ser juzgado inocentemente. Ese es uno de los roles importantes, ser el contrapeso. El hecho de tener una institución fuerte, autónoma que cumpla este contrapeso le da cierta seguridad a la ciudadanía de que no van a ocurrir estos errores o que se van a poder corregir en el caso de que ocurran. Eso es una de las garantías de tener una institución fuerte como es la Defensoría Penal Pública como contrapeso al ejercicio de la acción penal pública por parte del Estado. Pero la verdad es que no se le puede garantizar a nadie que esto no le vuelva a ocurrir a otra persona, pero en la medida que más altos sean los estándares bajo los cuales nosotros vamos a juzgar a una persona existe más probabilidad de que menos personas sean injustamente acusadas”.

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