“Libertades otorgadas no deberían suponer riesgo de aumento de delincuencia y reincidencia”

En entrevista con Diario El Centro el representante de la Defensoría Penal Pública profundiza acerca del trabajo realizado, a propósito de la pandemia, para descongestionar las cárceles y el impacto de estas acciones.

Defensor nacional, Andrés Mahnke.

Ante el hacinamiento como condición incompatible con el distanciamiento social recomendado por las autoridades sanitarias para reducir las posibilidades de contagio de Covid-19, la Defensoría Penal Pública ha gestionado una serie de acciones en favor de los derechos de los internos de las cárceles del país.

Desde marzo a la fecha, como parte de estas acciones el organismo ha conseguido que se revoque la internación provisoria de 198 adolescentes y de dos mil 489 adultos en prisión preventiva en todo el país.

A otras mil 657 personas se les otorgó libertad condicional, lo que significa que salieron de las cárceles más de 4 mil 300 personas, es decir, un 10% del total de la población penal del país.

De ese global, 52 sustituciones de prisión preventiva de adultos y tres internaciones provisorias de adolescentes, más 49 libertades condicionales corresponden a la Región del Maule.

Los datos fueron suministrados por el defensor nacional, Andrés Mahnke, en entrevista concedida a Diario El Centro, instancia en la que, además, entregó detalles sobre el registro de causas durante las protestas sociales del año pasado.

En el contexto de la pandemia, ¿cuán efectiva es la atención de privados de libertad por parte de la Defensoría Penal de manera remota?

“A pesar de las dificultades que esta pandemia nos impone a todos, en la Defensoría estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguir brindado una defensa de calidad a todas las personas privadas de libertad y para ello nos hemos coordinado con Gendarmería y con el Ministerio de Justicia. Si bien hemos estado en todos los penales, existen unidades penitenciarias con menos recursos en que la atención ha sido más lenta, pero nuestros defensores no han abandonado a las personas privadas de libertad, ni lo harán”.

¿La sustitución de medidas para los privados de libertad, gestionadas a propósito de la pandemia, podría verse reflejada más adelante en un aumento de índices delictivos y/o en reincidencias?

“Es importante hacer presente que se han dado dos tipos de sustitución de privación de libertad: una respecto de personas condenadas a quienes se ha aplicado el indulto general conmutativo y la otra para personas que están siendo juzgadas actualmente y que se encuentran en prisión preventiva mientras dure la investigación, dicha medida cautelar se ha sustituido por arresto domiciliario.

Respecto de personas condenadas podemos decir que, si bien no es posible afirmar de antemano la imposibilidad de una reincidencia, lo más probable es que no exista mayor impacto en las cifras por este motivo. El indulto otorgado excluyó casos de delitos considerados más graves. Por otra parte, y contrario a lo que suele pensarse, se ha demostrado que el cumplimiento de condenas en libertad disminuye considerablemente la probabilidad de reincidencia.

En cuanto a las personas que se encontraban en prisión preventiva es importante reconocer que no han sido condenados y el sistema penal los considera, por tanto, inocentes. El hecho de que no estén privados de libertad mientras dure la investigación no significa que su causa no siga adelante. El procedimiento sigue vigente y a su término se definirá si la persona sigue siendo inocente o es declarada culpable. No hay que olvidar que una de las reglas más importantes del sistema penal consiste en que solo deben estar privadas de libertad las personas que han sido declaradas culpables, salvo casos muy excepcionales.

Por lo anterior, las libertades otorgadas en el presente contexto de pandemia no deberían suponer un riesgo de aumento de delincuencia y reincidencia, más aún podría significar una disminución al mediano plazo. Pero, dado el contexto actual, lo más relevante es que sí establecen una disminución del hacinamiento de los recintos penales, la baja en el riesgo de contagio y el otorgamiento de condiciones más humanas a las personas que permanecen privadas de libertad”.

OTRAS MEDIDAS
¿Qué otras medidas se están implementando para velar por la salud de los internos, a propósito de una exposición a contagios cinco veces mayor que la de una persona en medio libre, de acuerdo a lo que usted planteó en su cuenta pública?

“Si bien por ley es Gendarmería la institución a la cual corresponde implementar las medidas al interior de los recintos penales que tiene bajo su resguardo, en la Defensoría Penal Pública hemos estado en permanente colaboración con ellos.

En este contexto, se han realizado los operativos de defensa y salud al interior de 66 de los 83 centros penitenciarios del país, con el fin de informar a la población penal acerca de los alcances de esta pandemia. En algunos casos, estos operativos han ido acompañados de campañas de vacunación o toma de exámenes, gracias a la colaboración de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud.

También nos hemos preocupado de que las personas privadas de libertad conozcan su derecho de acceso a la salud, al igual que lo tiene cualquier persona en libertad. Lo anterior lo hemos verificado a través de acciones judiciales, que han buscado permitir traslados preventivos; aislar a ciertas personas de riesgo; y contribuir a la liberación de personas privadas de libertad, lo que disminuye las posibilidades de transmisión del virus al interior de las cárceles”.

¿En la población penal de menores de edad, cómo se está abordando la situación de estos internos en el contexto de la pandemia? ¿Pueden recibir beneficios a propósito del hacinamiento y la exposición a contagios?

“Los defensores penales juveniles mantienen contacto remoto y permanente con todos los adolescentes que representan. Respecto de los beneficios, desde inicios de abril se han presentado acciones ante todos los tribunales del país, solicitando que aquellos adolescentes que estuvieran privados de libertad pudieran seguir cumpliendo su medida cautelar en sus domicilios. El resultado de esta iniciativa, a la fecha, es que hay 189 jóvenes en el país que han recuperado su libertad.

A diferencia de los recintos penitenciarios para adultos, afortunadamente hoy no hay centros de jóvenes infractores de ley que estén sobrepoblados lo que ha evitado los contagios por Covid-19”.

En el Maule, 77 internos recibieron el beneficio por la Ley de Indulto Conmutativo. ¿Ha variado esta cifra y se extenderá el beneficio a internos que no pertenezcan al grupo de riesgo?

“Respecto de la cantidad de personas que accedieron al beneficio por la ley de Indultos Conmutativos en la región, a la fecha se mantiene en los 77 que menciona, sin embargo, desde la Defensoría Regional del Maule se sigue trabajando en identificar los casos en los cuales se puede discutir la aplicación del indulto”.

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