La búsqueda de un bien social para los tiempos que vienen

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17 de febrero de 2020
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Con la Revolución Industrial, en el siglo XVIII aparecieron nuevas visiones sobre cómo regular el bien de orden en consideración a los efectos sociales transformadores de las nuevas tecnologías. El paso desde una economía rural agrícola al comercio urbano industrial presentó nuevos desafíos a los gobiernos.

La máquina de vapor, seguida por el motor de combustión interna y finalmente la aparición de la energía eléctrica, aumentó de forma espectacular la capacidad de producción, lo que multiplicó la riqueza y la renta como nunca antes se había visto. Aparecieron nuevas clases sociales como el proletariado, compuesto por los trabajadores industriales y los campesinos pobres, mientras la burguesía recibía la mayor parte de la renta por ser los dueños del capital y de los medios de producción.

Las condiciones sub-humanas de esta nueva sociedad dio lugar a protestas masivas, confrontaciones violentas y nuevas ideologías que proponían órdenes sociales alternativos al capitalismo, que había nacido gracias a la innovación tecnológica.

El capitalismo supone que el interés individual y la libre iniciativa en la búsqueda de rentas impulsa la innovación y la competitividad para sostener el crecimiento eficiente de la economía. En su forma más radical, el neoliberalismo propone que el mercado libre sin regulación del Estado es la mejor forma de asegurar el equilibrio natural entre la oferta y la demanda. Sin embargo, la acumulación de capital como incentivo para generar riqueza ha tenido como consecuencia crecientes desequilibrios entre los factores productivos (capital, trabajo, tecnología), además de inequidades crecientes en la distribución de recursos para el bienestar social (educación, salud, pensión) y destructivas alteraciones del medio ambiente.

El comunismo supone que la propiedad privada genera una lucha de clases entre trabajadores y dueños de los medios de producción, la que propone resolver mediante una revolución en que los trabajadores imponen una dictadura del proletariado para crear un Estado comunista unipartidista que controle los medios de producción mediante una planificación centralizada de la economía, donde no existe la competencia ni el libre mercado. En la práctica el comunismo ha generado una clase política privilegiada, ha reprimido la libre expresión y el derecho de asociación. En el plano económico, se ha caracterizado por su ineficiencia productiva, lo que ha conducido al estancamiento de la economía y ahogado la iniciativa individual.

El anarquismo rechaza la autoridad política que asume impuesta por la fuerza. Por sus principios y diversas corrientes (socialista, sindicalista, individualista, religioso) le ha sido difícil consolidarse como movimiento y lograr un consenso sobre el uso legítimo de la violencia. Históricamente ha mutado en diversas formas de rebelión en contra de tendencias tecnológicas, religiosas, económicas y políticas que subordinan al individuo. Algunos anarquistas critican el sistema colectivista que al igual que el capitalismo abusa de los individuos. En lo económico proponen la auto-organización en redes autónomas de producción y formas de distribución sin un control de mando central.

El fascismo aprovecha los sentimientos de miedo, el resentimiento y la frustración colectiva para lograr la adhesión y unidad en torno a un partido único y totalitario. Mediante la propaganda, la represión y la violencia, desplaza estos sentimientos contra un enemigo común (real o imaginario, interior o exterior), mientras suprime la discrepancia política con el propósito de construir una sociedad ideal en base a los valores de la raza y las tradiciones en nombre de la nación. Demanda la adhesión a un partido único centralizado, en que la agresividad, el voluntarismo y la acción predominan sobre el pensamiento.

El socialismo cree que la riqueza no debe ser controlada solo por los inversionistas y empleadores capitalistas. Propone como alternativa un reparto igualitario, para asegurar el desarrollo de una sociedad justa y solidaria, libre de discriminaciones de toda índole. Esto requiere que la economía sea regulada por un Estado que ejerza algún control sobre los medios de inversión, producción y distribución. Está abierto a todo tipo de propiedad –privada o estatal, individual o colectiva-, bajo límites destinados a regular los mercados, proteger a la ciudadanía y asegurar la justicia social.

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