Judicializar la PSU

Ocurre que la filtración de la PSU de Historia se generó en un contexto de fuertes cuestionamientos a la prueba, como método de selección de estudiantes para acceder a la universidad.

Al igual como ha ocurrido en otras regiones, en el Maule, específicamente en Talca, la Corte de Apelaciones declaró admisible el primer recurso de protección entablado por la decisión de eliminar la rendición de la PSU de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como requisito para que los jóvenes ingresen a la educación superior.

Dicha medida fue adoptada por el Consejo de Rectores como respuesta a la filtración de uno de los facsímiles de esta prueba, apenas minutos antes de rendir la PSU de Historial, a principios de enero. La propuesta fue reemplazar este puntaje por el más alto que haya obtenido el alumno, ya sea en el NEM, el ranking o en las otras pruebas.

Sin embargo, esto no dejó a todos los jóvenes satisfechos, aunque muchos simplemente se conformaron. Ocurre que no eran pocos los que se habían preparado años o meses para rendir la PSU de Historia, atendido que quieren optar a carreras humanistas donde la ponderación es mayor para dicho examen, en relación a otros factores.

Para ellos, sencillamente no es suficiente con que se les replique el puntaje más alto, porque justamente su puntaje más alto iba a ser Historia. A ello se suma que, en términos legales, han visto severamente afectados sus derechos a la educación y a la propiedad, ya que se decidió eliminar dicho examen por acción de terceras personas.
Ocurre que la filtración de la PSU de Historia se generó en un contexto de fuertes cuestionamientos a la prueba, como método de selección de estudiantes para acceder a la universidad, lo cual había motivado protestas, enfrentamientos con personal de Carabineros y actos de violencia al interior de los locales de rendición.

Todo ello, en todo caso, deberá ser resuelto por la justicia. Tal como ocurre en innumerables ocasiones, son los tribunales donde se terminan resolviendo estos conflictos, aunque es un hecho conocido que expertos han cuestionado la PSU, porque existe evidencia que termina segmentando a los estudiantes por factores ajenos a sus conocimientos.

Se añade que instituciones como el propio Consejo de Rectores se han sumado a estos planteamientos, manifestando que el NEM o ranking escolar es el mejor método posible para seleccionar estudiantes. Ello asegura que, el niño que entrará a la educación superior, ya es un buen estudiante y tiene mayor probabilidad de terminar su carrera.
Ahora bien, corresponde al Consejo de Rectores asegurar a todos los estudiantes las mismas oportunidades. Por ello, eliminar la PSU de Historia podría atentar contra ese derecho a la igualdad. En todo caso, falta conocer los argumentos que se expondrán al momento en que se reciban los informes y se convoque a alegatos en la Corte de Talca.

Por ahora, el Gobierno y las autoridades del Consejo de Rectores focalizan sus esfuerzos en asegurar que la fecha definida para realizar las otras tres pruebas por segunda vez, como es Lenguaje, Ciencias y Matemáticas, se lleve a cabo en normalidad, facilitando a los jóvenes y escolares que rindan la prueba con la mayor normalidad posible.

Se trata de lo mínimo que le puede exigir la opinión pública a estas instituciones, es que responden ante la justicia, primero ofreciendo fórmulas para llegar a un posible acuerdo, pero también facilitando las condiciones de acceso a ejercer este derecho a la educación. Todo esto, por supuesto, en el marco del Estado de Derecho.

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