Iván Obando, académico de la U. de Talca: “Faltó una visión más estratégica para posicionar al Congreso”

El académico sostiene que este déficit ha impedido definir a esta institución como un real actor en la definición de políticas públicas.

El año 1994 hubo una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Una investigación llevada adelante sobre el desarrollo institucional del Congreso Nacional en el periodo post dictadura, arrojó interesantes resultados en torno a la composición de su organización de funcionarios y cómo ello ha influido en la modernización de una de las instituciones más antiguas del país.

Este proyecto, a cargo del profesor Iván Obando, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, investigó durante dos años, cómo se desarrolló el personal permanente del Congreso, tras el 11 de marzo de 1990 y hasta mediados de la segunda década del XXI.

Hay una relación particular entre la burocracia administrativa del Congreso Nacional con un sistema y aparataje político que ha sufrido a lo largo del tiempo vaivenes en términos de validación ciudadana. ¿Cuál es la conclusión que se puede advertir de aquella relación?
“Para una mayor eficacia legislativa, es necesario introducir modificaciones. La organización administrativa que rige al personal, en general, no ha cambiado mucho en cien años en circunstancias que están desempeñando nuevas funciones, pero además las nuevas funciones internas tampoco se acomodan a la estructura tradicional del Congreso, lo que genera problemas. Ahora bien, si los parlamentarios desean tener un desempeño superlativo, deberían introducir algunos cambios y eso supone también enfrentar este problema con el propio personal que ha desarrollado una carrera al amparo de ciertas instituciones”.

¿Es la misma plana funcionaria la reticente a la modernización propia del aparato del Congreso Nacional?
“En general, existe una resistencia algo inconsciente al cambio. Ha habido modernizaciones, pero han sido en aspectos más marginales, aspectos tecnológicos u otros, pero hay una serie de rutinas que se han heredado con el tiempo y que no tienen una explicación clara de por qué existen. Por ejemplo, recientemente se está trabajando en descripciones de funciones para los funcionarios de la Cámara de Diputados, algo que debió haberse hecho hace tiempo, pero simplemente cada funcionario hacía lo que hacía por la tradición y cada uno fue socializado en cómo desempeñar su labor por otro funcionario de carrera, sin que existiera un cuestionamiento de lo que se hacía”.

Iván Obando es académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca.

MODERNIZACIÓN DE ESCRITORIO
El profesor Obando explica que en el año 1994 hubo una modificación a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, lo que simplemente permitió solucionar conflictos internos, actualizar lo existente y regularizar algunas situaciones puntuales, “pero no hubo una reingeniería administrativa y una planificación estratégica para tener un personal para las próximas décadas, que es lo que falta”.

En esa línea, el académico señala que en nuestro Congreso “no encontramos, por ejemplo, organizaciones administrativas de asesores profesionales, como ocurre en el Congreso estadounidense, salvo algunas unidades de la Biblioteca del Congreso y los asesores personales de los parlamentarios y comités. Hay un déficit de asesoría especializada de carácter institucional”.

Es decir, solamente el Congreso ha hecho modificaciones más que nada para mantener el aparato administrativo, pero no para ser un ente más profesionalizado, en términos de estrategias ni de asesoría real en políticas públicas.
“Creo que la mayoría de quienes estuvieron en el Congreso en los primeros años, después de 1990, no percibió la importancia de hacer un rediseño de la organización administrativa. Salvo un grupo muy pequeño de parlamentarios, la mayoría no le prestó mayor atención, como lo pude determinar durante mi investigación. No percibieron la importancia de lo anterior para fines estratégicos de largo aliento”.

La investigación fue realizada en el marco del proyecto Fondecyt “El Desarrollo Institucional del Staff Parlamentario en el Chile Post-Autoritario: ¿Un caso de superposición institucional?”, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (exConicyt).

El académico explica que hay razones para ello. Acota que como el personal del Congreso siguió existiendo después del 11 de septiembre de 1973, las carreras funcionarias estaban un poco atadas a la organización administrativa preexistente. “Los nuevos funcionarios, contratados después del 11 de marzo de 1990, querían acceder a esa carrera funcionaria, que era parecida a la de la administración pública, aunque con algunas diferencias en los aspectos remuneratorios, pero faltó una visión más estratégica al respecto, la que habría permitido posicionar al Congreso como un actor real en la definición de políticas públicas en Chile”.

Entonces, define Iván Obando, la consecuencia es que el Congreso “terminó funcionando en forma muy reactiva y tampoco la organización administrativa le va a ayudar mucho a superar esto, porque tiene esta dependencia de una trayectoria institucional de largo plazo que ha impedido visualizarla en otros términos”.

Ahora bien, argumenta el experto, si queremos tener un Congreso que tenga un papel más eficiente en materia de políticas públicas, “tenemos que crear una institucionalidad algo diferente, una organización administrativa que apoye ese papel en políticas públicas, lo que implica pensar en alternativas de organización y funcionamiento del personal. En aquel entonces los parlamentarios visitaron otros parlamentos, pero creo que no visualizaron el impacto de las decisiones administrativas que estaban tomando en términos estratégicos”.

En su investigación, se señala que hubo nombramientos de personal antes del 11 de marzo de 1990. ¿Fueron nombramientos de amarre por parte del régimen dictatorial?
“En general, hubo funcionarios que ingresaron a la planta del personal durante el gobierno militar para apoyar la labor de la Junta de Gobierno, pero los procedimientos seguidos para ello son desconocidos. Algunos fueron funcionarios muy competentes en materias legales, por ejemplo, abogados o egresados de Derecho, lo que no fue extraño porque la planta siguió existiendo. Pero también hubo otros casos algo ‘anómalos’, por decirlo de una manera, los que los líderes del Congreso Nacional debieron esclarecer y enfrentar en los primeros años”.

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