Investigadora UCM solicita intensificar fiscalización tras casos de intoxicación por plaguicidas

La Dra. María Teresa Muñoz, quien desde hace más de una década desarrolla estudios científicos relacionadas a los efectos que producen estos químicos en la salud de las personas, instó a las empresas a respetar los protocolos que regulan su uso y aplicación

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Un llamado a intensificar las fiscalizaciones sobre el cumplimiento de la norma del Ministerio de Salud que regula la aplicación de plaguicidas en predios agrícolas, además de hacer más duras las sanciones a las empresas y particulares que no respeten dichos protocolos, realizó la Dra. María Teresa Muñoz Quezada, investigadora de la UCM que desarrolla hace más de diez años diferentes líneas de investigación científica en relación a estos venenos y sus consecuencias en la salud de las personas.

“De no aplicarse estos protocolos, corre riesgo la vida de las personas. Los plaguicidas son venenos sea el nivel de peligrosidad que sea. Si no se aplican con las debidas precauciones o instrucciones que indican los fabricantes y lo que dice la norma del Ministerio de Salud, puede generar un daño en la salud de las personas”, señaló la Dra. Muñoz.

Esto, en el contexto de una masiva intoxicación por plaguicida en la comuna de San Clemente el pasado 24 de diciembre, donde –según los primeros antecedentes recabados- se trató de un fundo aledaño donde se habría aplicado el producto químico, presuntamente sin normas de seguridad, pero que afectó a 41 trabajadores agrícolas indirectamente del campo de al lado, pero que obligó a las autoridades de salud activar protocolos de atención de urgencia, y a la Seremi de Salud Maule, iniciar un sumario investigativo, además de paralizar los trabajos del lugar causante de la emergencia.

Y agregó que “si bien Los trabajadores ahora sufrieron una intoxicación aguda que no se debió a una aplicación del predio mismo donde estaban trabajando, están potencialmente expuestos todo el tiempo a estos plaguicidas en bajas dosis producto de predios vecinos que sí están aplicando y no cumplen las normativas exigidas por la ley. Es importante que se tomen los máximos resguardos, se cumpla con la distancia y franja de seguridad exigida, que se informe a la población colindante de los plaguicidas que se están aplicando y en el caso de los aplicadores que utilicen los elementos de protección personal para no desarrollar una enfermedad grave a futuro y que son de alta incidencia en la región, como el cáncer o algún tipo de alteración cognitiva o trastorno motor que dificulta la calidad de vida de las personas”, sostuvo.

MULTAS MÁS SEVERAS

Además, comentó la investigadora de la UCM, es clave que se aumenten las fiscalizaciones y sanciones relacionadas. “Si bien la Seremi de Salud hace una gran labor, es crucial que puedan estar más presentes y más personas asociadas a la Seremi para poder fiscalizar cómo se está funcionando en esta época que es de alta productividad agrícola. Además, es necesario educar a la población para que sepan qué y cómo deben hacer las denuncias respectivas (…) La intoxicación ocurrida con los trabajadores demuestra justamente que en nuestra región tenemos dificultades con respecto a cumplir las normas, los procedimientos y protocolos, además la población necesita educación sobre estos temas. Es importante también que las multas que se aplican sean más severas”, afirmó.

Sobre el caso de intoxicación ocurrido recientemente en la comuna de San Clemente, Muñoz comentó que es una situación de la cual han sido testigos durante el trabajo de terreno y entrevistas con la comunidad que han realizado en sus estudios. Lo que debe haber ocurrido, explicó la investigadora UCM, es que “la empresa que aplicó el plaguicida no avisó a los predios colindantes y por ende, aquellos trabajadores que estaban recolectando arándanos se vieron expuestos a esta situación. Es algo que nosotros previamente en nuestras investigaciones habíamos develado, sobre cómo se están aplicando los plaguicidas en la región y sobre todo en ese sector, vimos varios casos y los mismos escolares, apoderados y profesores nos contaban cómo los predios vecinos a sus viviendas o el establecimiento educacional aplicaban plaguicidas sin dar aviso previo”, dijo.

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