Inequívocas señales desde la justicia

“Es un hecho notorio y público que hay una actitud generalizada de violencia que obliga a Carabineros a actuar"

publicado por

Avatar
27 de noviembre de 2019
44

Dos sentencias ha dictado la Corte de Apelaciones de Talca que, en términos simples, coinciden en cuanto a definir los términos del uso de la fuerza por parte -específicamente- de Carabineros y, también, en cuanto a la normas que autorizan y establecer reglas para las armas no legales, en el contexto del control del orden público.

En el primer caso, se trató de un recurso de amparo que presentó un grupo de personas en contra de la jefatura de zona Maule de Carabineros, solicitando que se declare como ilegal el uso de dichos implementos fuera del marco normativo de la institución policial, todo lo cual fue rechazado por el máximo tribunal regional.

Los argumentos de la Corte fueron, en primer lugar, que si existiera algún acto ilegal, el recurso de amparo no es la vía legal. Y, luego, añade que “no está controvertido que la utilización de armas con munición no letal se encuentra permitida en el ordenamiento, bajo ciertos supuestos”, aludiendo a la existencia de protocolos normativos.

“Se pueden utilizar solo en caso de existir riesgo de la integridad física de los transeúntes, manifestantes o Carabineros. El ordenamiento constitucional entrega el uso de la fuerza legítima a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para el resguardo, mantención y restablecimiento del orden público”, indica.

El fallo fue mucho más allá, al señalar: “Es un hecho notorio y público que hay una actitud generalizada de violencia que obliga a Carabineros a actuar, no siendo labor de la Corte de Apelaciones efectuar declaraciones que ordenen a los órganos públicos circunscribir su actuación a los márgenes de la Constitución y la ley, que son obvias”.

Una segunda sentencia –que se conoció el martes- se refiere al caso específico de un abogado, quien denunció haber sido víctima del accionar de manifestantes que lo obligaron a bajarse de su automóvil cuando viajaba camino a su domicilio. Se trata de una acción que se ha denominado en forma popular como “el que baila, pasa”.

«Tales sucesos constituyen una vulneración a la libertad personal y seguridad individual del actor, por parte de terceros desconocidos y embozados, al impedirle el libre tránsito por la vía pública y un riesgo a su integridad, atendida la utilización de elementos idóneos para causar daño, como lo es el uso de piedras en su contra», señala.

“Esta Corte considera prudente restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado», añade. La conclusión fue acoger el recurso de amparo, instruyendo a Carabineros y la PDI para “extremar los recursos para resguardar el orden público y prevenir situaciones como las denunciadas”.
Así, ambas sentencias marcan un camino inequívoco en cuanto a que, desde el máximo tribunal regional, se da una señal a favor del orden público –base de la democracia- y de la labor insustituible que cumple el Estado en esta materia, advirtiendo que cualquier hecho irregular debe ser investigado y aclarado por quienes corresponde.

La sociedad no puede menos que detenerse a reflexionar en torno a estas determinaciones, por cuanto constituyen una visión desde un poder del Estado independiente, autónomo y donde, además, todas las decisiones se toman en un contexto legal de transparencia, oralidad e inmediación, bases esenciales del Estado de Derecho.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here