Importante señal de la justicia

El rechazo de la recurrida a la restitución íntegra de ese patrimonio pone en juego y amaga la garantía constitucional de la propiedad.

Un fallo que marcará historia fue el que dictó la Corte de Apelaciones de Talca, en cuya primera sala –con votación de mayoría- se acogió un recurso de protección presentado por una persona domiciliada en Talca, jubilada por el actual sistema de pensiones, quien pidió retirar el monto total de sus fondos previsionales.

Se trata de una persona que señaló haber jubilado el año 2017 con una pensión mensual de 164 mil pesos. Añadió que, debido a esta situación, se vio obligado a buscar trabajo, en cuyo contexto, sufrió un accidente laboral donde perdió un ojo, por lo cual, resultó con secuelas que le impiden seguir en su relación laboral.

Aunque dicha persona realizó esta solicitud a su AFP, le fue denegada. En razón de ello, acudió ante la Corte de Apelaciones de Talca, solicitando que su actuar fuera decretado como arbitrario e ilegal. En dicho contexto, el debate judicial se concentró en la aparente disputa entre los derechos a la seguridad social y la propiedad.

La Corte de Talca resuelve dicho conflicto al sostener que el derecho de propiedad no puede ser controlado o limitado por parte “del Estado o de alguna entidad privada, como la recurrida, para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. La seguridad social es por definición un derecho, más no una obligación para las personas».

«Conforme con lo anterior, se ha acreditado que el recurrente es titular del derecho de dominio sobre los fondos previsionales que mantiene en su poder la recurrida, por lo que el rechazo de la recurrida a la restitución íntegra de ese patrimonio pone en juego y amaga la garantía constitucional de la propiedad”, añade.

El fallo destaca, a la vez, que la negativa de la AFP a entregar los fondos al recurrente fue “ilegal y arbitraria, en tanto se afecta ese derecho fundamental asilado en una norma jurídica de menor rango y que debe ceder en su aplicación frente a la regla constitucional». Por ello, ordena la restitución con plazo de 30 días.

El dictamen, en términos concretos, viene a interpretar a favor del recurrido una demanda histórica de numerosos chilenos, en especial, de quienes se han visto enfrentados a situaciones similares, algo que es casi común debido a los negativos resultados del sistema de capitalización individual para millones de personas.

Todo ello, porque la gran mayoría de los chilenos recibe jubilaciones que son inferiores al sueldo mínimo o digno para que una persona pueda sobrevivir, obligando a que un adulto mayor deba salir a la calle a buscar trabajo para suplementar sus ingresos, acarreando gran riesgo para su integridad física y psicológica.

Pero, a la vez, existe otra cara de este conflicto, porque el sistema de capitalización individual es, también, uno de los pilares del actual sistema económico y financiero. De hecho, las AFP son una de las entidades privadas más relevantes en cuanto a inversiones en papeles de renta fija o acciones en Chile y el extranjero.

En ese contexto, resulta llamativo que, bajo el alero del derecho de propiedad, una de las piedras angulares del actual modelo económico, se pueda restituir los fondos de pensiones a un jubilado. En definitiva, una vez más, la justicia resuelve un conflicto que el Poder Legislativo todavía no es capaz de afrontar, como millones lo han pedido en las calles.

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