Gravísima filtración de listado

Y también es relevante que, al momento, es difícil que la opinión pública pueda otorgar credibilidad cuando la autoridad anuncia garantías de que no ocurrirán más filtraciones.

En forma pública, las máximas autoridades civiles en la región a cargo de la actual emergencia sanitaria por contagios de Coronavirus, esto es, el Intendente del Maule, Pablo Milad, y la seremi de Salud, Marlenne Durán, pidieron disculpas por la filtración de un listado de personas en observación por esta enfermedad.

Si bien el gesto es relevante y deja en claro que ambas personalidades condenan severamente estos hechos, igualmente no es suficiente para reparar el gravísimo daño moral sufrido por las personas que aparecen en esos listados, ya que allí había otros datos sensibles y que –claramente- no son de interés público.

De por sí, la difusión de datos personales no autorizados constituye una falta, más aún, cuando se trata de personas que no han hecho nada para transformarse en sujetos de interés público. Algo muy distinto ocurre con artistas, políticos o personajes de farándula o televisión, quienes literalmente viven de lo público.

Además, muchos de ellos exhiben voluntariamente sus historias personales e íntimas en programas de farándula. Con dichas personas, sin duda que el estándar de privacidad es mucho menor que con cualquier ciudadano de a pie. Lo mismo ocurre con autoridades públicas, quienes deben dar ejemplo de austeridad y rectitud.

La jurisprudencia comparada señala que existe otro tipo de figura pública que no hace nada voluntariamente para tener esa calidad, pero que por efecto de otros o de circunstancias no buscadas simplemente su figura se vuelve de interés público. Un ejemplo son las víctimas de delitos de connotación social.

En ese contexto, el interés público sobre las personas que aparecen en el listado que estaba bajo custodia de las autoridades sanitarias, surge justamente a raíz de la filtración y no por su calidad de pacientes o personas en situación de observación. Más aún, cuando se les pide perdón en forma pública y mediática.

Lo más preocupante es que esto ya ocurrió con el primer caso, cuando también se filtró –esa vez solo a los medios de comunicación- una ficha co los datos personales del primer paciente testeado confirmado. Sin embargo, al parecer eso no se investigó o bien pasó desapercibido, a la luz del impacto de la noticia.

Y también es relevante que, al momento, es difícil que la opinión pública pueda otorgar credibilidad cuando la autoridad anuncia garantías de que no ocurrirán más filtraciones. Todo esto, cuando los expertos dicen que todavía el país no llega al punto máximo de contagios, lo cual podría ocurrir entre abril y mayo.

En este sentido, es de esperar que la intervención de la justicia pueda desincentivar a quienes esté pensando en seguir filtrando este tipo de información sensible y que, además, esa pueda ser la principal garantía para los ciudadanos. O bien, que quien lo hizo y pretende repetirlo, reflexione y comprenda el mal que hizo.

Como sea, la opinión pública seguirá atenta el avance de esta investigación y, especialmente, si se lleva a identificar a un presunto responsable, el cual –además- tiene derecho a la presunción de inocencia, a menos que un tribunal diga lo contrario. Por lo otro, los afectados tienen derecho a una reparación por daño moral.

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