Grave ataque a la libertad de informar

En Chile, situaciones de esta naturaleza son todavía impensadas, aunque el crimen organizado –en especial, ligado al tráfico de drogas- está demostrando indicios de alto poder de fuego.

Latinoamérica es una zona del mundo donde es particularmente riesgoso ejercer la labor periodística, no solo por las presiones de que son objeto a diario los medios de comunicación para inclinar su cobertura a favor de unos u otros, sino también porque derechamente los periodistas ven en peligro sus propias vidas.

Así ocurrió recientemente en México, uno de los países donde la violencia debido al crimen organizado no se ha detenido y, lo que es peor, sigue cobrando más y más víctimas. Este grave fenómeno no deja a nadie indiferente, porque al narcotráfico no le importa sobre quien pasan para hacer prevalecer sus intereses.

En ese contexto, nadie es intocable, menos los periodistas. Así lo destacaron la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), al condenar el asesinato -el pasado domingo- del periodista mexicano, Pablo Morrugares.

Esta persona, según un reporte de agencia EFE, se encontraba cubierto por un mecanismo gubernamental de protección a reporteros amenazados de muerte. «La ONU llama a las autoridades a investigar de forma exhaustiva el asesinato, de forma que este crimen no permanezca en la impunidad», expresó la institución en un comunicado.

Del mismo modo, insistieron en que es necesario agotar todas las líneas de investigación y considerar la posible vinculación del ataque con la actividad periodística desarrollada por la víctima, quien había recibido agresiones y amenazas previas. Morrugares fue asesinado a balazos junto a su escolta personal.

Los graves hechos ocurrieron al interior de un bar en la localidad de Iguala, ciudad del sureño estado de Guerrero, conocida en todo el mundo por la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuyo paradero todavía sigue siendo un misterio, aunque está claro que fueron asesinados por el crimen organizado.

La víctima era director del portal de noticias PM Noticias, quien desde 2016 -tras recibir amenazas de muerte- contaba con medidas de previstas en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. En su labor, cubría información sobre la acción de grupos criminales que operan en la zona.

Durante el presente año, se trata del cuarto asesinato de periodistas en México en el mismo contexto. Desde el 2000 a la fecha, al menos 133 periodistas han sido asesinados desde en este país, 14 de ellos bajo el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien inició su mandato en diciembre de 2018. La mayoría de los casos quedan impunes y nunca se conoce a los responsables.

En Chile, situaciones de esta naturaleza son todavía impensadas, aunque el crimen organizado –en especial, ligado al tráfico de drogas- está demostrando indicios de alto poder de fuego. De hecho, los llamados “pistoleros” no temen en atacar a carabineros o detectives, aunque conocen las consecuencias de estos actos.

Por este motivo, se necesita que el mundo político manifieste señales claras e inequívocas de que la delincuencia y le tráfico de drogas no tienen espacio en las sociedades democráticas, más todavía, cuando en su objetivo de extender sus redes delictuales, no temen corromper a nadie, para apoderarse de los territorios.

Las personas que viven de su trabajo y que, actualmente, se encuentran bajo una condición apremiante por la pandemia, deben ser protegidos por la acción del Estado y de las policías. Ellos, trabajadores honestos y que se ganan la vida buscando lo mejor para sus familias, son el ejemplo de un país que quiere crecer en paz.

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