Gobierno lamentó fallo de Corte de Apelaciones de Talca y lo califica como “desalineado”

El dictamen encendió el debate entre derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social, poniendo en tela de juicio el Decreto Ley 3.500 que ampara el accionar de las AFP

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13 de marzo de 2020
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De contar con sus ahorros previsionales, el pensionado pretende cubrir las necesidades básicas de salud de él y su esposa, e invertir en algún emprendimiento que le permita subsistir en el tiempo.

Tras haberse dado a conocer el inédito fallo por parte de la Corte de Apelaciones de Talca, tribunal que ordenó la entrega de los fondos previsionales a uno de sus afiliados en un plazo máximo de 30 días, la seremi del Trabajo y Previsión Social en el Maule, Ana Paola Ponce, lamentó dicho dictamen, y sostuvo que el mismo genera un falso dilema entre “el derecho a la propiedad y el derecho a la seguridad social”.

“Es el único fallo entre más de 20 causas que está completamente desalineado al pronunciamiento del Tribunal Constitucional”, expuso la autoridad.

Sostuvo que el Estado no está limitando el derecho a la propiedad, sino que protege el derecho de las personas a contar con un ingreso que le permita subsistir durante los años en que ya no pueda participar dentro del mercado laboral.

“Como Gobierno queremos ser claros al afirmar que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la seguridad social de todos los ciudadanos, lo que implica proteger los ahorros para pensión, que se traducen en el único sustento de los cotizantes en su futura etapa de retiro”, aseveró.

“SE VEÍA VENIR”

“El fallo de la Corte de Apelaciones de Talca claramente se veía venir”, expuso la senadora Ximena Rincón, quién subrayó que el país cuenta con un sistema de ahorro individual en detrimento de un sistema de seguridad social.
La legisladora comentó que la Corte de Apelaciones de Talca optó por decidir quién debe velar por sus ahorros previsionales ante “las malas pensiones que administra un tercero”.

Sobre el fondo, la Corte de Apelaciones de Talca se basó en las normas constitucionales sobre el derecho de propiedad para ordenar a la AFP Provida S.A. entregar los ahorros a su afiliado José Eduardo González Uribe, avaluados en unos 23 millones de pesos.

Su hijo y representante legal, José Eduardo González; especificó que “la Constitución establece como derecho al derecho de propiedad y las normas constitucionales están sobre las legales».

El abogado testimonió que su padre, al llegar a los 65 años se acogió a la jubilación. Sin embargo, por su baja pensión -164 mil pesos mensuales- se reincorporó nuevamente al mundo laboral. Dos meses después, producto de un accidente de trabajo, perdió la visión de su ojo derecho, lo que le impidió seguir trabajando.

“Él le demandó a la AFP que le entregue sus ahorros previsionales y se lo negaron amparándose en el Decreto Ley 3.500, norma que integran el sistema de Seguridad Social y que también es otro derecho constitucional”, explicó.

Manifestó que, ante la negativa, se interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Talca, descartando una contradicción entre la propiedad social y el derecho de propiedad, al reafirmar que este último es el que debe prevalecer.

En palabras del abogado “cuando se creó este régimen previsional no había Parlamento en Chile; por lo tanto, no cumple los requisitos del quorum calificado, sacando de forma automática al Decreto Ley 3.500 del sistema de Seguridad Social”, explicó.

El abogado puntualizó que, en la Constitución, las únicas limitaciones que establece el derecho de propiedad es la expropiación por causa de utilidad pública, que exime al factor “edad” como una limitante.

1 Comentario

  1. El estado debe crear una ley seguridad
    Una nueva ley penal con leyes duras.
    Una ley contra la violencia intrafamiliar maltrato mujer femicidio.
    Una ley de protección mujer niños jóvenes adultos ancianos.

    Una ley protección derechos humanos.
    Y suban las pensiones jubilación
    Suban pensiones discapacitados.

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