Falso escenario constitucional

La Constitución representa el cimiento esencial del sistema jurídico. Ella consagra los derechos fundamentales de la ciudadanía que nadie puede transgredir y en la cual confluye la voluntad mayoritaria de la nación que, a su vez, es la depositaria de la soberanía nacional.

Atendida su naturaleza, la Constitución debe reemplazarse cuando un acontecimiento fractura gravemente la institucionalidad vigente, sea por obra de una revolución o del agotamiento del modelo político plasmado en su texto. Si no ocurre ni lo uno ni lo otro, la sustitución de la Carta Magna es un salto al vacío.

La historia revela que las últimas constituciones en Chile fueron obras de trastornos y convulsiones que demandaban cambios profundos en el sistema político y social, todos los cuales debían institucionalizarse para posibilitar una pacífica convivencia en el marco del “Estado de Derecho”: La Constitución de 1833 fue fruto de la Batalla de Lircay y el triunfo de los pelucones encabezados por José Joaquín Prieto, lo que le dio a Chile más de medio siglo de orden y estabilidad política. La evolución de las ideas, la movilización social y el descontento fueron erosionando las bases originales de aquella carta política, llegándose al extremo de reemplazarse de hecho el “presidencialismo”, por un improvisado “parlamentarismo”. Nuestra experiencia parlamentaria fue un desastre que abrió camino al quiebre institucional de 1924 y, producto de ello, a la Constitución del año siguiente.

Sin un período de transición, aquella normativa solo vino a aplicarse plenamente en 1932, reeligiéndose Presidente de la República, a don Arturo Alessandri Palma. Finalmente, sobreviene la ruptura de 1973. Aun cuando se discutan sus causas y las responsabilidades históricas, nadie podría negar
seriamente, que el país requería otra Constitución que hiciera posible que el país transitara ordenadamente hacia el establecimiento de su tradición democrática. Así nace nuestra actual Constitución de 1980, y las sucesivas modificaciones que ha experimentado a lo largo de su vida, instrumento que culminó en 1990 con la restauración del régimen democrático, sellándose con ello el compromiso que en 1973 contrajeron las FF.AA. y de Orden.

La experiencia, por consiguiente, avala lo señalado, una nueva Constitución solo puede darse en el marco de una crisis institucional profunda que exija una refundación del modelo político, social y económico.

En la actual coyuntura política, no se observa una conmoción de tanta importancia que ponga en peligro las estructuras del Estado. Por el contrario, el país reclama diálogo, entendimiento y armonía entre las diversas corrientes ideológicas.

Todo induce a pensar que se está creando un clima artificial que justifique una reforma que no es expresión de un sentimiento auténtico de la ciudadanía, con el agravante de hacer creer que muchos de los problemas económicos- que si existen- van a ser resueltos con una nueva Constitución.

En las circunstancias señaladas, yo pregunto ¿Es pertinente, en un momento económicamente complejo, como el que hoy vivimos, discutir una nueva Constitución que sin duda ha dado estabilidad al país?, ¿O bien esta discusión creará un clima de incertidumbre y desasosiego que podría afectar la estabilidad jurídica y la inversión que Chile necesita?
Yo creo honestamente, que Chile no necesita partir de cero con una nueva Constitución que se construya desde una hoja en blanco, en un camino de a lo menos dos años, donde nadie asegura estabilidad, diálogo y respeto a la diversidad
de opiniones. Creo que lo razonable es estudiar modificaciones que perfeccionen un mayor equilibrio institucional entre el Presidente y el Congreso Nacional, incentivando el proceso de descentralización administrativa y fortaleciendo los mecanismos de participación de los ciudadanos; talvez cambiar el régimen presidencial que nos rige, a un régimen semipresidencial, aumentar los derechos de las personas, por ejemplo, el derecho a una pensión digna o a la salud integral, entre otras reformas constitucionales.

Por todas estas consideraciones estimamos que en el plebiscito de 25 de octubre la ciudadanía debería optar por “Rechazar para reformar nuestra Constitución”.

Es nuestra opinión y respetamos por cierto a quienes piensan distinto.

Jorge Imas Urrea
Abogado

1 Comentario

  1. Señor, menos mal que que los hechos hablan por sí mismos y una abrumadora mayoría de chilenos, y extranjeros, con derecho a sufragio aprobará el proceso constituyente para una nueva constitución. El sistema presidencial tal como lo conocemos se encuentra agotado y en crisis, por tanto es necesario derogarlo; los países tienen derecho a ser gobernados por la mayoría reflejada en el parlamento unicameral y sin senado (una institución anquilosada que debe ser defenestrada al geriátrico político). Así, Parlamentarismo sin tapujos. El «semi presidencialismo», como fórmula exitosa, no existe en ninguna país del mundo. Brevemente: En Chile el presidente es, a la vez, jefe de estado y de gobierno; además, tiene iniciativa exclusiva de ley, es un verdadero colegislador, con derecho a veto y con facultades de dotar de «urgencia» ciertos proyectos de particular interés para el ejecutivo, lo que lo transforma en un reyezuelo. La actual carta reconoce un orden público económico obsecuente con una concepción ideológica de la organización de los factores de producción, establece la subsidiariedad y el amparo económico como frenos a la gestión empresarial del estado. Las gestiones de salud, educación y previsión social, entregadas al lucro. En fin. La carta fundamental solo tolera el gobierno administrado por una corriente política que haga un maridaje perfecto con el tenor de sus disposiciones, y es en consecuencia una llave maestra al cuello de la soberanía popular evitando que se cumpla plenamente con su voluntad. Algunas ideas: La nueva constitución, además de consagrar el parlamentarismo como forma de gobierno, y establecer el catálogo de derechos, libertades e igualdades, y los recursos judiciales para hacerlos efectivos, aumentando los plazos para su interposición y reduciendo sus requisitos de procedencia, deberá enunciar someramente las bases de la organización administrativa del estado, sin referencia alguna a la organización económica. Que los tribunales de justicia apliquen la ley con apego a una institucionalidad jurídica unificada con los tratados internacionales suscritos por Chile. Consagrar la jurisprudencia obligatoria como una manera de resolver los conflictos jurisdiccionales es, además, una necesidad de extrema importancia y debe tener un reconocimiento al más alto nivel.

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