EN RUTA: El patrimonio maulino después de la pandemia (I)

Es menester que el Jefe de Estado y los actores políticos sepan que para lavarse las manos, primero hay que tener agua. Para quedarse en casa, hay que tener una... Para que no se enfermen y mueran nuestros abuelos necesitamos pensiones dignas y un sistema de salud a la altura de un ser humano

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19 de abril de 2020
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En nuestro país las guías turísticas que emite el gobierno y su conveniente visión mercantil son responsables de la creación de “microcentralismos”, en donde el entorno de un lago y sus propietarios son referentes de confort y plusvalía.

Destacando la necesidad de proteger los derechos humanos de la población no solo en la salud sino en cuanto al conocimiento y goce de su patrimonio, esta publicación -dividida en dos partes- analiza la discriminación existente hoy en el Maule en lo relativo al acceso y protección de nuestro patrimonio, a razón de lo mercantilizados que se encuentran sus recursos naturales, tangibles e inmateriales. Se aborda el actuar del Estado y los actores políticos, el rol del empresariado y la reacción ciudadana ante dicha situación, como las tres áreas donde puede apreciarse tamaño acto discriminatorio, distinguiendo la utilidad económica presente en un determinado territorio como la causa central y otros factores, tales como el papel de las corporaciones municipales, o el estrato socioeconómico predominante en la población comunal.

La discriminación por utilidad económica se expresa en un conjunto de acciones u omisiones que tienden a tratar con estándares superiores o inferiores a un territorio en razón exclusiva de los negocios que éste podría generar. Se muestra que dicha discriminación no actúa aislada, sino que conjuntamente a otros factores, aumenta el riesgo de vulnerabilidad o pérdida definitiva de nuestro patrimonio. Más allá de lo meramente cultural, éste incide en la salud física y mental de la población, en la memoria e identidad de la misma y en las desigualdades económicas territoriales asociadas a la discriminación. Para concluir, se sugieren una serie de lineamientos de políticas públicas orientadas a reducir las iniquidades relacionadas con el patrimonio y construir una sociedad justa que contribuya al desarrollo considerando las necesidades y potencialidades presentes hoy en el Maule.

¿Después de la Pandemia seguirá todo igual? ¿Un maulino podrá reconocer los atractivos del Radal Siete Tazas o seguirá valorando sólo el sur de Chile, Cancún o Europa?

EL ESTADO Y LOS ACTORES POLÍTICOS
El 30 de marzo de 2020 la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile emitió una declaración pública en la que se alerta respecto a cómo las decisiones tomadas por el gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la pandemia del Coronavirus, advierten con preocupación que “se va instalando en la población la sensación de que las decisiones de las autoridades de Gobierno están motivadas, principalmente, por intereses económicos y la protección de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, y no necesariamente por el mayor bienestar de la población”.

El patrimonio es un derecho humano que en Chile requiere políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdido el patrimonio no es recuperable, tal como ocurrió con cuatro de nuestros cinco ramales ferroviarios en la región, hoy abandonados y desconocidos casi por completo en las nuevas generaciones.

El estallido social en octubre del 2019 y la pandemia actual hicieron patente en muchos de nosotros una pregunta esencial: ¿Qué rol cumple el gobierno ante los derechos fundamentales de la ciudadanía? El derecho al envejecimiento digno, a la salud y educación gratuita de calidad, el derecho al agua y la alimentación, el derecho a disfrutar del patrimonio y la cultura, etc. En un Estado como Chile que desde 1980 ha mercantilizado todo lo que encontró a su paso, hoy estamos de bruces en el borde del despeñadero suponiendo que en no más de tres meses un nuevo y más reactivo estallido social se desarrollará en nuestro país, ello en respuesta a la conducción que éste y los gobiernos que siguieron a la Dictadura Militar han dado al país, a Chile: el “verdadero oasis», según las declaraciones del Jefe de Estado el 9 de octubre del 2019.

Los incendios en Molina durante este verano eventualmente provocarán un éxodo de visitantes a Los Bellotos y Achibueno. ¿Podrán captar ambos territorios al público del Radal Incendiado? ¿A qué costo? ¿Podrá estar el Gobierno de Chile y sus instituciones a la altura de este desafío?

A poco más de un mes de la detección el primer caso de COVID-19 en Talca, el número de personas afectadas oficialmente aumentó exponencialmente por sobre las 9 mil. No obstante, en Talca o la mayoría de las comunas de Chile los actores políticos poco o nada han hecho para frenar los contagios, en un país en donde la productividad inherente al «progreso» importa más que la salud pública, relegando al patrimonio al plano de “lo innecesario”.
Es menester que el Jefe de Estado y los actores políticos sepan que para lavarse las manos, primero hay que tener agua. Para quedarse en casa, hay que tener una… Para que no se enfermen y mueran nuestros abuelos necesitamos pensiones dignas y un sistema de salud a la altura de un ser humano. El Estado debe comprometerse a prestar los servicios que la gente requiere y hacerlo con eficiencia, en forma oportuna, con ganas y con amabilidad. ¿Qué sucede cuando la administración pública chilena se encuentra ligada y dependiente del poder político de turno? ¿Cómo ocurre ello? ¿Cuál sería entonces la situación ideal en Chile?

Dicho de otro modo, si cuando más necesaria era la salud chilena, ésta no recibió el resguardo necesario del Estado, entonces el problema de casi todos nuestros actores políticos no es el partidismo militante, sino todo lo contrario: la falta de ideología, el entender la política como una carrera personal a la zona de confort, y no como una actividad donde todos(as) participamos en la administración pública, a la luz de un conjunto de ideas como guía.

Cuando perdíamos el interés por votar dejamos el espacio a políticos profesionales para mantener dentro de sus cúpulas el poder que éstos representan, casi sin excepciones. Conocemos a tantos que empezaron como dirigentes estudiantiles, vecinales o sindicales con miles de ideas, con formas de lucha esperanzadoras, pero al final primó la carrera política, sucumbiendo a otros intereses quizás más personales que el ansiado bien común de nuestra sociedad.

Investigadores calculan que teníamos 30 millones de hectáreas de bosque a la llegada de los españoles, sobreviviendo menos del 15% de la superficie original en el presente. En nuestra región un relicto de tan fatídico panorama es la Reserva Nacional “Los Queules”, simbólicamente protegida hoy.

EL ROL DEL EMPRESARIADO
A poco más de un mes del primer caso oficial, en Chile todo se ha llevado a un terreno que ha despedazado la confianza y la credibilidad en el gobierno y el empresariado afín a éste, pues en la mercantilización del Estado en ámbitos estratégicos para el país como la salud, la jubilación, la educación o el patrimonio, ambos agentes económicos intervinieron decididamente sólo cuando se vio una oportunidad de negocios. Desde el arriendo de “Espacio Riesco” hasta el tristemente célebre dictamen de la “Dirección del Trabajo”, día a día hemos transitado entre estos hechos concretos e indesmentibles, donde no hay lugar a una justificación objetiva, no al menos desde el bien común, objetivo esencial del Estado. La “unión ética” entre estos dos agentes económicos para abordar este momento crítico de nuestra historia ha sido absoluta y vergonzosamente nula.

Argumentando lo anterior es necesario mirar el Maule desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Una región pródiga en bosques nativos ve cómo éstos son gradualmente arrasados y reemplazados por plantaciones de pinos y eucaliptos, mermando la calidad de nuestros suelos al plantarse pobreza en favor de las grandes empresas forestales cuyos nombres conocemos muy bien. En paralelo se interviene groseramente el río Maule con monumentales obras hidroeléctricas que convertirán a un río robusto y legendario en un pusilánime curso de agua, sin que ello signifique un beneficio para la población. Los otros ríos en la región no han tenido mejor suerte y en medio de escasez hídrica del presente se ha llegado al insólito escenario en que nuestros ríos han sido monopolizados por grandes propietarios de derechos de aguas, a quienes poco les ha importado la degradación de los ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad o el empobrecimiento de las comunidades que dependen de éstos, tal como ocurrió en los célebres casos del Mataquito, el Putagán o el Cauquenes.

Actualmente nuestra región posee acceso casi universal al agua potable. Pero, ¿es esto realmente mérito de la empresa privada? No: el Estado no financia obras de infraestructura, sino que son los clientes los que pagan por estas inversiones y la rentabilidad de las empresas a través de las tarifas pagadas en las cuentas mensualmente. Asimismo, toda la infraestructura vial en nuestra región se dispuso al servicio del empresariado, siendo elementos que, a la vez de constituir el engranaje de un sustancioso y exclusivo negocio, representan la explotación de los territorios que ocupan y el empobrecimiento de sus comunidades, mermando su patrimonio.

Terminado en 1915, el puente “Banco de Arena” es una fuente identitaria monumental en el patrimonio tangible del Maule. Debiendo ser conservado y narrado patrimonial, geográfica y etnográficamente, éste recibe apenas tibias menciones en los trípticos del Consejo de Monumentos Nacionales o Sernatur.

Nuestra organización “Cicloturismo Chile Profundo” fue creada para relevar ad honorem el patrimonio del Maule, conocido y disfrutado pedaleando, sin competir. Empezamos el 2015 y desde entonces hemos visto belleza alucinante en lo que ha sobrevivido de nuestro patrimonio, como también llanto y lamento por el incendio que hace poco arrasó con 15 mil hectáreas de bosque nativo en Molina, a la misma hora en que “coincidentemente” se encontraba oro en el lugar, se loteaban terrenos y desaparecía el agua del salto “La Leona”. Todo tras un dictamen presidencial que concesionaba a privados el único Parque Nacional en el Maule. Insólito.

El tablero se aprecia sospechosamente inclinado hacia el empresariado por el Estado. Mientras el gobierno de Argentina en plena pandemia congeló el precio de productos esenciales, en Chile, pensado como un negocio privado, productos esenciales hoy como el alcohol gel cuestan $6000, precio vergonzosamente inflado a costa de la urgente necesidad de seguir sanos y no contagiar a los nuestros, sobre todo a nuestros abuelos y abuelas. Por una política de Estado a favor de las personas no nos olvidamos que el agua y todos nuestros recursos patrimoniales están siendo repartidos por el gobierno al sector empresarial desde el régimen de Pinochet hasta hoy. Casi sin excepciones los actores políticos creen que el patrimonio tiene un valor económico y no intrínseco. Por ello, nosotros(as) seguiremos activos desde nuestras bicicletas fomentando la solución a lo anterior, cuyo punto de partida es una nueva Constitución Política.

¿A quién ha protegido el gobierno en los incendios de Molina o en la batalla contra Covid-19? ¿A usted? No. A la empresa, claro. Más que en tu beneficio o el mío, las medidas adoptadas de orden público tendenciosamente sirven de paraguas para los socios de Piñera y sus negocios, salvaguardando el modelo y protegiendo a las empresas antes de evitar tener diez mil infectados. Para allá vamos, gracias a esto.

Texto: Francisco Gutiérrez. Fotos: F.G. y Miguel Chamorro

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