El terremoto y la nueva Constitución

Aprobar la idea de redactar una nueva Constitución significa también abrir una discusión sobre el tipo de ciudades que queremos y sobre el equilibrio que debería existir entre las fuerzas que pugnan en ella. Por Francisco Letelier Troncoso. Sociología UCM, Investigador CEUT.

“Se requiere que el Estado tenga un rol importante en la regulación del mercado de suelo y recupere su capacidad para planificar el desarrollo urbano”.

En el tablero – ciudad se enfrentan al menos dos fuerzas. La primera, que llamaremos fuerza mercantilista, busca convertir todo espacio urbano en el mejor negocio posible. ¿Quién tiene la responsabilidad de dominar esta fuerza? El estado, a través de las políticas públicas. Sin embargo, nuestro modelo de sociedad, consagrado en la Constitución, asume que es el mercado el principal (y casi único) organizador del suelo urbano. Así, la fuerza mercantilista avanza con pocas restricciones expandiendo la ciudad de manera irracional, fragmentándola, degradando los espacios públicos y distribuyendo el bienestar de manera desigual: la mejor ciudad para quien puede pagarla.

A la segunda la llamaremos la fuerza del habitar. Aquí la ciudad es usada no para producir ganancia, sino para vivirla, para encontrar protección, sentido de pertenencia, relaciones sociales significativas o tranquilidad. Las comunidades y organizaciones formadas por quienes habitan la ciudad tienen la capacidad de domesticar la fuerza mercantilista y contenerla. Pero lamentablemente hoy las organizaciones territoriales poco pueden hacer frente el duopolio Estado-mercado. Así, mientras la fuerza mercantilista está desatada y hace libremente de las suyas, la fuerza del habitar está fragmentada y contenida.

A partir de este sencillo esquema vamos a revisar algunos hechos de lo que ha sido el proceso de reconstrucción en los últimos diez años después del terremoto del 27 de febrero de 2010. Si bien muchos de los ejemplos hacen referencia a Talca, la realidad de muchas otras ciudades intermedias que sufrieron los efectos del terremoto no es muy distinta.

Después del terremoto de 2010 la fuerza mercantilista, con el amparo y apoyo de diversas políticas públicas, produjo en muchas ciudades intermedias al menos tres impactos: Primero, presionó para la salida de miles de familias pobres de los barrios centrales de diversas ciudades, a través de lo que se ha denominado “expulsión subsidiaria”, así, liberó suelo valioso que estaba siendo “subutilizado”. Segundo, utilizó su dotación de terrenos periféricos para generar allí una oferta de vivienda social destinada a las familias pobres que salían de los centros históricos o que venían de zonas rurales afectadas por el terremoto y tercero, presionó, en el caso específico de Talca, para evitar la densificación del centro de la ciudad (donde aún hoy existen cerca de 40 hectáreas disponibles) asegurando la ampliación del límite urbano de tres mil a nueve mil hectáreas.

Esto hizo aumentar el valor de terrenos que las inmobiliarias tenían en la zona oriente y permitir una enorme expansión no planificada que ha ocasionado serios problemas de movilidad. En suma, un gran negocio inmobiliario que ha profundizado la injusticia territorial.

Si llevamos esto al debate constitucional se concluye que es central reconocer la función social del suelo, esto significa equilibrar su valor como soporte del habitar respecto a su condición de bien de mercado. Se requiere también que el Estado tenga un rol importante en la regulación del mercado de suelo y recupere su capacidad para planificar el desarrollo urbano. Todo lo anterior implica que el derecho de propiedad, que sin duda debe estar garantizado, no sea absoluto, es decir, tenga ciertos límites que permitan proteger el bien común: no puede ser, por ejemplo, que en existan miles de metros cuadrados vacíos durante diez años en el centro de una ciudad, mientras se sigue expandiendo su periferia, ocupando suelo agrícola y aumentando los tiempos de desplazamiento a niveles históricos entre oriente y poniente.

Por otro lado, está el desafío de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades territoriales. Se necesita asegurar en la Constitución el derecho a la participación en todos los niveles del Estado y reconocer el ámbito vecinal-comunitario como uno prioritario en el desarrollo de las ciudades y territorios. Junto a esto se requieren profundas reformas a las leyes vinculadas a la participación: la Ley de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias y la Ley de participación ciudadana en la gestión pública. En ninguna de ellas existen hoy mecanismos o atribuciones que den poder real a las organizaciones territoriales.

Esta mirada en retrospectiva al proceso de reconstrucción post 27F evidencia la necesidad de modificar la forma en que construimos nuestras ciudades. Mucho de lo que ocurrió tiene su explicación en la primacía total que en la Constitución de 1980 (y en otros cuerpos legales) tiene el principio de subsidiariedad, el derecho de propiedad, el de libertad de empresa y la noción del suelo como un puro bien de mercado, en desmedro del bien común, del rol que el estado debe cumplir en áreas estratégicas como la planificación urbana y del reconocimiento del derecho a participar, del derecho a la vivienda digna y del papel de las comunidades en el desarrollo urbano. En este sentido, aprobar la idea de redactar una nueva Constitución significa también abrir una discusión sobre el tipo de ciudades que queremos y sobre el equilibrio que debería existir entre las fuerzas que pugnan en ella.

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