El orden público como presupuesto mínimo y necesario

En las encuestas de opinión pública la gran mayoría de la ciudadanía rechaza y condena los actos de violencia que se han apoderado de las calles desde el 18 de octubre del año recién pasado. Así, solo un ínfimo porcentaje lo legitima como medio de manifestación y protesta social.
El problema, es que ese diagnóstico ampliamente mayoritario, parece diluirse cuando se trata de definir la forma correcta de enfrentar esos actos.

Mientras un sector de la población estima que la labor desplegada por el Estado en materia de control de orden público se configura como una represión abusiva y desmedida; otro considera correcto el uso de la fuerza pública y de los medios de que dispone para repeler los actos violentistas y vandálicos.

Las normas jurídicas son normas de conducta, las cuales para asegurar su observancia van en la mayoría de los casos acompañadas de coacción, cuyo es el poder legítimo para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. No es concebible el estado de derecho sin el uso de la fuerza legítima del Estado.

De este modo, será imposible retomar la tranquilidad y la seguridad pública, así como desarrollar el proceso constituyente y la agenda social, mientras existan sectores que no comprendan que el presupuesto mínimo necesario para ello, es el restablecimiento del orden público y, a partir de esa premisa, el diálogo democrático e institucional.

Alejandro Cárcamo Righetti
Abogado

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