El escenario constitucional

La Constitución representa el cimiento esencial del sistema jurídico. Es ella la llamada a dirimir los principios y valores que deben primar al dictarse las leyes, reglamentos y demás instrumentos y, por sobre todo, consagrar los derechos fundamentales que nadie puede transgredir y la forma de hacerlos valer.

Atendida su naturaleza, la Constitución se reemplaza cuando un acontecimiento fractura gravemente la institucionalidad vigente, sea por obra de una revolución o del agotamiento del modelo político contenido en su texto.

La historia revela que las ultimas constituciones en Chile fueron obra de trastornos o convulsiones que demandaban cambios profundos en el sistema político y social, todos los cuales debían institucionalizarse para posibilidad una pacífica convivencia en el marco del Estado de Derecho.
La Constitución de 1883 fue fruto de la Batalla de Lircay y el triunfo de los “pelucones”, encabezados por José Joaquín Prieto, y su ministro, Diego Portales, lo que dio a Chile más de medio siglo de orden y estabilidad política.

La evolución de las ideas, la movilización social y el descontento, fueron erosionando las bases originales de esta carta política; llegándose al extremo de pasar desde el “presidencialismo” a un improvisado “parlamentarismo”. Nuestra experiencia parlamentarista fue un desastre que abrió el camino al quiebre institucional de 1924 y, producto de ello, a la Constitución de 1925.

Sin un periodo de transición, aquella normativa solo vino a aplicarse plenamente en 1932, reeligiéndose Presidente de la República a don Arturo Alessandri Palma y, finalmente, sobreviene la ruptura de 1973.
Aun cuando se discutan sus causas y las responsabilidades históricas, un capítulo manipulado por las ideologías en pugna, cada día más oscuro y confuso, nadie podía negar que el país requería otra Constitución que hiciera posible transitar ordenadamente hacia el restablecimiento de su tradición democrática.

Así nace la Constitución de 1980 y las sucesivas modificaciones que ha experimentado a lo largo de su vida, instrumento que fijó un itinerario que culminó en 1990, con la restauración del régimen democrático, sellándose con ello el compromiso que en 1973 contrajeron las Fuerzas Armadas y de Orden.

La experiencia, por consiguiente, avala lo señalado: una nueva Constitución solo puede darse en el marco de una crisis institucional que exija una refundación del modelo político, social y económico.
En la situación de crisis institucional que vive nuestro país, creo en verdad necesario que una nueva Constitución, afortunadamente, se ha producido un gesto de grandes de todos, del Gobierno y el Congreso.

La voluntad política y el diálogo han permitido llegar a un consenso en el que ha primado la institucionalidad, el respeto a la democracia y el bienestar del país. Es de esperar que, con esto, retorne la paz y la unidad para desarrollar un proceso constituyente, donde todos los actores sociales y ciudadanos participen en forma activa e informada.
Por supuesto que votaremos por el SÍ, por la Nueva Constitución, y en cuanto al mecanismo, dependerá del detalle de cómo se elegirán los constituyentes, cosa que todavía no sabemos.

Jorge Imas Urrea
Abogado

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