El Congreso cojo.

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23 de diciembre de 2019
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Seguro que el Lector está familiarizado con el síndrome político del “pato cojo”, ese que afecta a aquellas autoridades que se acercan al término de su mandato y que les despoja casi completamente de poder y notoriedad. Porque, según se dice, nadie guarda consideración hacia una autoridad sin poder, hacia un cargo vacío.

¿Qué cree Ud. que ocurrirá con nuestros parlamentarios cuando, como es probable, en 4 meses más la ciudadanía decida cambiar la Constitución y que la nueva Carta Fundamental sea redactada por una Convención sin presencia de congresistas?

Por cierto, la pregunta anterior descansa en dos supuestos: que los chilenos voten sí al cambio constitucional y que elijan la opción sin participación de parlamentarios en el cuerpo redactor. Y si bien, ciertamente, alguien podría dudar de la efectividad de estos supuestos, también es cierto que la rotunda señal dada por los 2,5 millones de votantes en la Consulta Ciudadana de hace unos días, permite, al menos, contemplar esas opciones como probables.

Pero volviendo al tema de fondo, ¿qué poder real habrán de conservar nuestros Diputados y Senadores, tras el 26 de abril? Si, vuelvo a los supuestos, la ciudadanía rechazare que los actuales parlamentarios redacten la nueva carta Magna, ¿qué legitimidad mantendrían para legislar, sabiendo que los chilenos no quisieron confiarles la tarea política más trascendental?

En democracia, la labor legislativa descansa en la idea de que quienes hacen las leyes son delegados, representantes de quienes habrán de obedecer las normas que redacten. Las leyes las hace el pueblo a través de mandatarios a quienes confía tal tarea. Pero, si ese pueblo demuestra contundentemente desconfianza en esos delegados, estos devienen en cargos vacíos de legitimidad, en autoridades “cojas”. Y esto no es político en el sentido partidista, ni ideológico siquiera. La “cojera” habrá de afectar por igual a legisladores de la derecha, del centro, de la izquierda y más allá. Por igual a hombres y mujeres. Este síndrome será paritario, transversal e inclusivo.

Después del 26 de abril, ¿tendrá sentido legislar sobre regionalización, si la nueva Constitución, que se estará redactando a partir de noviembre, podría cambiar la división administrativa del país? ¿Y si los parlamentarios quieren aprobar normas en materia económica, tributaria o financiera y luego, unos meses más tarde, los constituyentes cambian el régimen tributario o la normativa del Banco Central? ¿Tendría sentido legislar sobre derechos de agua, un tema de suyo contingente y trascendental, si la eventual nueva Constitución decide cambiar el régimen de propiedad, tenencia o concesión de esos derechos?

El eventual voto de desconfianza que, podría, emitir la ciudadanía en abril próximo, dejaría a los parlamentarios en una incómoda posición. Tendrían todo el derecho a permanecer en sus cargos el lapso para el que fueron electos, pero la vigencia de las normas que elaboren dependería de la contingencia incierta del texto constitucional que, paralelamente, estaría elaborándose.

Juan Carlos Pérez

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