El agua: otro problema a solucionar

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18 de enero de 2020
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Chile es uno de los pocos países del mundo que ha persistido en considerar el agua como un bien de consumo, es decir, como un bien privado sobre el cual se pueden establecer -en la práctica- derechos de propiedad. Esta forma de tratar uno de los bienes naturales más preciados que el país posee se deriva de la aplicación acérrima de una ideología política particular, a saber, el neoliberalismo.
Esta ideología que privilegia la aplicación de la economía de libre mercado en todos los aspectos de la vida social llevó a que un bien público de necesidad básica tan importante como el agua terminase crecientemente en manos de privados que por intereses particulares lucran con ella.

Sin embargo, esta concepción económica y jurídica sobre el recurso hídrico ha sido fuertemente cuestionada desde su origen hasta el día de hoy, momento en que la ciudadanía se ha levantado para reclamar lo que por defecto siempre debió pertenecer a todos.

De esta forma, y gracias al estallido social de octubre de 2019, distintos proyectos de ley y reformas constitucionales se han tramitado con celeridad en el congreso, uno de los cuales fue el proyecto que buscaba consagrar el agua como un bien nacional de uso público.
No obstante, el proyecto no avanzó, ya que se necesitaban los votos favorables de dos tercios de senadores y senadoras, 29 votos de los cuales solo se obtuvieron 24 (versus 12 en contra). Así, los parlamentarios de gobierno votaron en contra del proyecto de ley para evitar que el agua volviese a ser un bien nacional de uso público.
Más allá de lo trágico que es no querer avanzar en demandas que benefician a toda la sociedad chilena (sobre todo en tiempos de escasez hídrica nacional y mundial) el problema es que la derecha, el gobierno y los parlamentarios oficialistas no han querido comprender que ese dogmatismo político derivado de intereses privados sobre el cual fundan su postura está obsoleto.

Está obsoleto y la ciudadanía así lo demostró expresándolo en masa y al unísono durante las manifestaciones ciudadanas que perduran hasta el día de hoy. Este comportamiento ya se venía manifestando por parte de importantes figuras del gobierno, como lo fue el del propio ministro de Agricultura, quien en julio de 2019 manifestó su apoyo a un vergonzoso inserto publicado en 18 medios de comunicación por grupos empresariales interesados en que no se pusiera fecha de caducidad a los derechos de agua que estos poseen, aludiendo a que supuestamente se afectaba la certeza jurídica del derecho de propiedad.
En consecuencia, el apoyo al inserto por parte del Ministerio de Agricultura y el Gobierno es prueba de que en realidad en la derecha entienden que el agua es un bien de consumo privado, puesto que poner fecha de caducidad a los derechos de agua “afectaba el derecho de propiedad”.

De esta forma, se materializó de forma explícita en la votación del senado que los partidos de derecha no quieren que el agua sea un bien nacional de uso público, sino que, por el contrario, prefieren que siga siendo un bien privado del cual pueden disponer empresas que afectan el derecho y bienestar de comunidades completas que se han visto afectadas por su utilización a gran escala.
Así, por mucho que los senadores de derecha repitan majaderamente que el agua ya sería un bien de uso público y que por lo tanto su votación no haría más que mantenerla así, lo cierto, lo que se observa día a día es que en la práctica los derechos de agua sin fecha de caducidad son una privatización de un derecho humano básico que ciertamente en una posible nueva Constitución deberá ser reparado por la legitima mayoría del país, que ya se ha manifestado (entre otras cosas) a favor de su consagración como un bien nacional de uso público disponible para todas y todos.

Ramón Urra Villanueva
Mesa Comunal de Oposición
Presidente Partido Radical Talca

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