Dirección de la investigación penal

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12 de diciembre de 2019
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Llamativa resultó la decisión de la fiscalía de Curicó de modificar los cargos criminales que pesaban en contra de un cabo segundo del Ejército, quien el día 23 de octubre pasado fue formalizado por el supuesto homicidio simple, en grado de consumado, de un joven curicano que participaba en una protesta.
Desde aquella fecha que el aludido militar se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva, atendida la gravedad de la sanción penal asignada al delito, la cual se estaba cumpliendo –con autorización judicial- en un regimiento de policía militar, en Santiago, tal como establece el Código de Justicia Militar.
Pero desde un principio existían dudas -posiblemente razonables- respecto a la participación del imputado en los hechos. Al menos, así lo manifestó su defensa, ya sea en primera instancia como, también, cuando la medida cautelar aplicada por el Juzgado de Garantía de Curicó, fue apelada ante la Corte de Apelaciones de Talca.
En ese alegato, la Defensoría Penal Pública dejó en claro al menos tres puntos relevantes: que el tipo de lesión que presentaba el cadáver de la víctima no coincidía con el tipo de munición balística percutada por el detenido; que hubo otros incidentes paralelos con disparos; y que no existía evidencia material de la munición.
Pero el máximo tribunal regional, igualmente, mantuvo la medida cautelar que afectaba al imputado, en gran medida, por entender que la investigación estaba recién comenzando y que, en esa perspectiva, aún faltaba por acreditar las hipótesis planteadas por la defensa, en términos periciales y criminalísticos.
A ello se suma que, además, la Corte de Talca tenía muy en claro que, sobre el Ministerio Público, además de su vocación institucional persecutora, le compete igualmente el principio de objetividad, esto es, debe investigar tanto lo que perjudica a un imputado como todo aquello que lo puede beneficiar en un proceso penal.
Y así ocurrió, porque a menos de dos meses de la formalización y, con el plazo judicial de investigación todavía vigente, la propia fiscalía optó por reformalizar la investigación, anulando los cargos iniciales y, a la vez, instando por la consecuente modificación de la medida cautelar a una de mucha menor intensidad.
Muchos se preguntaron quién le responde al imputado por todo el tiempo que estuvo en prisión preventiva, asimilando esta decisión del Ministerio Público a una especie de reconocimiento de un error. La verdad es que en esta decisión fue la consecuencia lógica de un proceso de investigación en curso.
En todo caso, para que ello ocurriera, obviamente que la labor de la Defensoría Penal Pública fue muy relevante, al mantener un perfil estrictamente técnico en sus alegatos, evitando un discurso populista o sustentado en hablar para “la galería”, como lamentablemente ocurre con algunos abogados penalistas.
Ahora bien, es igualmente relevante subrayar, desde la posición de la opinión pública, que el principio fundamental de una institución persecutora es investigar para detener y, por supuesto, nunca al revés, porque ello puede terminar causando un daño irreparable a personas que son completamente inocentes.

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