Demandan al Estado por 800 millones tras fallo absolutorio

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20 de noviembre de 2019
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En agosto del 2017 y luego de 24 meses de estar privado de libertad asistente social molinense recuperó su libertad.

Han transcurrido poco más de dos años desde que el asistente social, José Luis Fernández Oyarce, de 44 años, recuperara su libertad después que el Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad, lo absolviera de las imputaciones por los delitos de violación y abuso sexual que -supuestamente y según la fiscalía- habían afectado a una menor de 9 años, hija de la ex pareja del acusado.
Desde esa fecha -agosto del 2017 que el joven profesional ha buscado regresar a la normalidad, analizando los complejos momentos que vivió durante el año y dos meses en que permaneció en prisión preventiva en la cárcel de Curicó, donde fue víctima de agresiones que lo llevaron incluso a atentar infructuosamente contra su vida.
Así José Luis Fernández determinó iniciar acciones legales contra su ex pareja, contra un facultativo del Servicio Médico Legal (SML) y contra el Estado. El abogado, José Luis Cisterna, explicó que la demanda fue presentada ante tribunales civiles en Talca, por estar radicada allí la sede regional del Consejo de Defensa del Estado (CDE), agregando que se encuentra a la espera que se notifique a los demandados.
La acción legal consta de 30 páginas, donde se argumenta que el médico general de la Unidad de Sexología y Medicina Forense del SML que realizó exámenes a la supuesta víctima, habría incurrido en un acto “negligente, incompleto y contradictorio”.
Puntualiza solicitando que “se condene a todos o a algunos delos demandados a pagar solidariamente una indemnización por daño moral ascendente a la suma de 800 millones de pesos”.

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