Cumplimiento de la ley de fármacos

Es decir, en concreto, para estas cadenas de farmacias sale más barato pagar las multas que poner a la venta del público el remedio bioequivalente.

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2 de febrero de 2020
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La actual ley de fármacos está vigente desde el año 2014, cuando se modificó el Código Sanitario, incorporando nuevas regulaciones al mercado farmacéutico. Entre ellas, una de las más relevantes es la obligación para las farmacias de tener al público una disponibilidad mínima de remedios bioequivalentes.

Según la ley, los medicamentos bioequivalentes son aquellos que, si bien tienen distinto fabricante, contienen igual principio activo y son similares en términos de calidad, eficacia y seguridad que un remedio de marca. Lo más importante es que tienden a ser significativamente más baratos que los medicamentos de marca originales.

Otro aspecto importante es que, al momento de recetar un fármaco, se debe indicar el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico individualizado por su denominación de fantasía. Pero agregando la denominación común internacional que autorice -en caso de existir- medicamentos bioequivalentes certificados.

Pero no es lo único, porque –según detalla un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional- la publicidad de medicamentos sólo estará permitida respecto de productos de venta directa que no requieren receta médica. La promoción destinada a los médicos y otros profesionales habilitados para emitir recetas no se podrá hacer en medios de comunicación dirigidos al público general.

A la vez, se prohíben los incentivos a los profesionales para entregar recetas de parte de los laboratorios, importadores, distribuidores o establecimientos farmacéuticos, tales como pagos, regalos, servicios o beneficios económicos. De esta forma, se espera desincentivar la venta dirigida de fármacos.

Para las farmacias, las exigencias son contar con el petitorio mínimo de medicamentos esenciales según Formulario Nacional. Las farmacias deben obligatoriamente poner a disposición del público la lista de medicamentos que deben demostrar bioequivalencia. En caso de no hacerlo, existen sanciones en el Código Sanitario.

En este punto es donde existe una falla concreta en la norma, ya que se autoriza a la autoridad para iniciar un sumario sanitario, cuyas multas no significan una amenaza concreta para una farmacia de cadena comercial, como ocurre con aquellas que están masificadas en Chile y tienen más puntos de atención al público.

Es decir, en concreto, para estas cadenas de farmacias sale más barato pagar las multas que poner a la venta del público el remedio bioequivalente. Esta situación termina atentando contra la ciudadanía, ya que las personas no saben que existe un remedio similar al de la receta, pero mucho más barato.

En este punto donde se necesita poner acento, más aún, en estos tiempos donde el tema de la justicia social y el abuso de las empresas sobre loa ciudadanos, constituyen parte importante de las demandas sociales. Al respecto, el rol del Estado es muy importante, porque justamente su papel es defender a los ciudadanos.

Pero las herramientas que tienen las instituciones fiscalizadoras son bajas, no solo por la falta de persona, sino porque las sanciones no inhiben estas malas prácticas de las farmacias. En este aspecto, el Estado está en deuda claramente con las personas, y quienes se ven más afectados son los adultos mayores y los enfermos crónicos.

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