Cuenta pública del Fiscal Regional

Todos estos datos reflejan, sin duda, los resultados de una labor exhaustiva por parte de la fiscalía y la PDI

Importantes antecedentes reveló este lunes el Fiscal Regional, Julio Contardo, en el contexto de su segunda cuenta pública. En específico, respecto al trabajo investigativo desplegado por dicha institución –en específico, por la denominada “fiscalía de foco”- en el contexto de la crisis social, política y de orden pública.

En una entrevista concedida a Diario El Centro, cuando recién comenzaban los hechos violentos en que han derivado algunas manifestaciones pacíficas, todos protagonizados por pequeños grupos descolgados, el mismo Fiscal Regional dijo que se investigaría todo, sin importar de quien se trate. “Caiga quien caiga”, dijo.

Y la verdad es que, a la luz de los datos, dicha promesa se ha cumplido, aunque todavía falta mucho por hacer. Así lo indican las cifras, por cuanto, al momento se investigan cerca de 700 causas asociadas al denominado estallido social. En dicho contexto, se ha formalizado a 640 imputados, quedando 30 en prisión preventiva.

Entre estos casos más graves, se cuentan formalizaciones por incendios intencionales, robos y daños calificados, así como un caso de homicidio. A la fecha, ninguna de estas causas ha sido llevada a juicio oral, aunque en su gran mayoría, las medidas cautelares fueron revisadas por la Corte de Apelaciones de Talca.

Entre ellos, durante su cuenta pública, el Fiscal Regional destacó que se aclararon los incendios a peajes en Teno, Curicó, San Javier, Linares y Parral; se suman los incendios en el Centro Regional de Abastecimiento (CREA) y en la oficina parlamentaria del senador, Juan Antonio Coloma (UDI), ambas en la capital regional.

En cuanto a denuncias y querellas por supuestas violaciones a los derechos humanos, el Fiscal Regional explicó que se cuentan cerca de 150 causas vigentes en manos de la PDI, sin que a la fecha exista ninguna investigación formalizada con imputado conocido. A ello se añaden sumarios internos en Carabineros.

Todos estos datos reflejan, sin duda, los resultados de una labor exhaustiva por parte de la fiscalía y la PDI, aunque se incluyen casos de flagrancia que, en su mayoría, provienen de Carabineros. Más allá de estas consideraciones, lo concreto es que la PDI se retiró de las calles, aunque día a día ocurren delitos flagrantes.

Se trata no solo de desórdenes públicos, sino de amenazas, maltrato a personal policial de servicio y daños. ¿Qué pasará ahora que el Congreso ya aprobó las leyes que sancionan severamente delitos como saqueos y barricadas, en el contexto de las movilizaciones? ¿Todo quedará en manos de una institución policial?
Las dudas están fundadas, porque ahora ya no son delitos simples que, en su mayoría, terminan en acuerdos o juicios abreviados. Por el contrario, se recalificaron como delitos que pueden tener incluso pena aflictiva, donde la pregunta será cómo se harán valer esas normas en el día a día, en especial, durante las noches.

No se trata que la PDI compita con Carabineros en cuanto al orden público. Claramente no. Pero se trata de coordinar medidas preventivas que permitan realizar una labor preventiva inteligente, focalizada y que otorgue seguridad a los ciudadanos, evitando el uso de gases o elementos disuasivos que traen otras consecuencias.

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