COP25 y las vergüenzas del 2019

Año 2018: comenzaba el gobierno de Sebastián Piñera y la flamante nueva ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, anunciaba una reforma para “fortalecer” al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y sus procesos para valorar proyectos (SEIA). El principal fortalecimiento consistía en cerrar las oficinas regionales y disminuirlas a solo a tres en todo Chile (Antofagasta, Valdivia y Santiago). Extraño, ya que generalmente fortalecer es sinónimo de asignar más recursos o crecer. Al final, no existió piso político para tal aberración.

Con la llegada de la ministra Schmidt a la cartera de Medio Ambiente, se generó un cambio importante en la forma de hacer políticas ambientales, pero la esperanza duró poco. Muy pronto notamos que desde el ministerio de Medio Ambiente proponían como gran solución al conflicto del agua, tomar duchas más cortas, sin hacer mención a quien posee derechos de agua, el consumo en la gran minería y de las forestales, la desalinización del agua, la carretera hídrica, ni nada que fuera realmente relevante para esta discusión.

Finalizaba el 2018 y aparecía en la agenda del Ministerio de Energía un tema que nadie sabe de dónde se gestó: la pujante inversión en proyectos solares pequeños descentralizados, ubicados en todo Chile y por cierto en el Maule (Longaví, Retiro, Teno, Yerbas Buenas, etc.) debía comenzar a ser revisada económicamente, ya que su precio proyectado -para que pueda ser factible- funcionaba como un subsidio (cosa que no es efectiva, ya que se trata de una especie de estabilización de seis meses), lo que trajo a la pequeña industria de proyectos solares y eólicos una serie de riesgos asociados principalmente a la industria bancaria, generando un desinterés por seguir adelante con estas energías renovables, muy contrario a lo que se decía en los discursos de gobierno.

Corre el 2019 y hace algunas semanas se anuncia una propuesta del Ministerio de Medio Ambiente; los proyectos de embalses podrían no pasar por el SEA y ser aprobados por fuera de la Ley 19.300, para hacer “más expedita” su aprobación. Si bien es cierto que ante el déficit hídrico de la última década los embalses representan una prioridad, la autoridad no se puede permitir el mirar para otro lado mientras proyectos tan complejos desde el punto de vista ambiental reciben luz verde.

En el ámbito local, la implementación del plan de descontaminación ambiental Talca-Maule, generó una baja constante en la contaminación por material particulado en la intercomuna durante los años 2015-2017, destacando el programa de recambio de calefactores y el programa “Más Leña Seca”. Lamentablemente, bastó el invierno de 2018 para retroceder todo lo ganado, ya que los episodios críticos crecieron en un 108%. La propuesta de ese invierno fue aumentar la fiscalización y poner mano dura contra el humo, pero en el camino nos enteramos de que solo existían seis fiscalizadores para más de 200.000 habitantes. El apoyo del municipio de Talca a este plan continuó siendo inexistente, como ha sido durante toda la década, haciendo la vista gorda con la habitual comercialización de leña húmeda en plazas, canchas de fútbol y otros lugares de común conocimiento.

Este tipo de reformas en Chile es pan de cada día y ya no nos causa sorpresa, pero llevar al gobierno gestor de estas propuestas a un escenario internacional terminaría con el peor bochorno desde el Maracanazo. Fue de película: 200 países gritando “no” ante la propuesta de “hacer la tarea en casa” de la ministra de Medio Ambiente de Sebastián Piñera, que solo puede definirse como la externalización de una administración desastrosa.

Vicente Marinkovic
Ex seremi de Energía y miembro de la Mesa Comunal de Oposición

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