“Bomba de tiempo” en las cárceles

“Es de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal".

«Como en otras oportunidades, la Fiscalía Judicial pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en la seguridad personal y el respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y las consecuencias que su incumplimiento acarrea para el entorno, no solo familiar sino de la sociedad toda».

En estos términos y calificando la actual situación carcelaria como una “bomba de tiempo”, la fiscal judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, entregó su informe sobre la situación en los recintos penitenciarios en el contexto de la pandemia-, a partir de informes de Gendarmería y de los fiscales judiciales de Cortes de Apelaciones en todo el país.

La autoridad judicial destaca, en este sentido, la imposibilidad de implementar medidas efectivas de prevención necesarias para evitar el contagio de coronavirus y para el cuidado de los reos enfermos por el peligroso virus. Y cita cifras concretas: en Chile hay 42.084 internos con un 30% esperando juicio.

«La realidad de los recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad”, señala el informe.

A partir de ello, destaca que las personas privadas de libertad se han constituido en “un grupo especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo, y a un escaso e insuficiente acceso a medidas paliativas que permitan un adecuado tratamiento frente a la enfermedad contagiosa que se vive en el país».

“Es de particular importancia la recomendación de reducir las poblaciones penitenciarias mediante la implementación de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal para aquellos detenidos que sea seguro hacerlo, teniendo en cuenta las medidas no privativas de libertad indicadas en las Reglas de Tokio”, añade.

La fiscal judicial efectúa recomendaciones en siete aspectos de la gestión penitenciaria. El punto más dramático es el hacinamiento, donde se constató “la inexistencia de celdas individuales en la gran mayoría de los casos, lo que impide la primera medida recomendada para la contención del contagio, como es el distanciamiento social”.

Por ello, subraya que esta medida sanitaria “resulta imposible de cumplir en esos recintos, más aún cuanto que los internos permanecen encerrados en dormitorios colectivos más de 15 horas diarias, un reciente informe del INDH reveló que cerca del 51% de los reos hombres no cuenta con una cama propia para dormir».

También destaca que no fue posible constatar que existan lugares de aislamiento para enfermos o sospechosos de contagio, pero reconoce logros parciales en la coordinación con el sistema público de salud. Precisa que, incluso, en apenas diez centros penales existe disponibilidad de agua potable para los reclusos.

A ello se suma limitaciones en el uso de elementos de aseo, así como la falta de información hacia los familiares o abogados defensores. En definitiva, un escenario gravísimo que debe ser afrontado con medidas de fondo y estructurales, por la propia seguridad de los funcionarios penitenciarios y de toda la sociedad.

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