Autotutela

Juan Carlos Pérez de La Maza

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Jurídicamente la autotutela se entiende como la propia defensa de los derechos que, en una sociedad moderna, debieran ser protegidos, y garantizados, por la institucionalidad. El que modernamente sean los órganos del Estado los encargados de la protección y defensa de las personas, renunciando estas al uso de la fuerza, es considerado uno de los mayores avances de la civilización. No obstante, cuando el Estado, por diversas razones y circunstancias, no brinda esa protección a las personas, sea porque renuncia deliberadamente a ello, sea porque sus fuerzas son insuficientes, estas vuelven a defenderse por sí mismas.

El comentario anterior, a propósito de lo que comienza a ocurrir a consecuencia de los desmanes, saqueos y destrucción de la propiedad pública y privada, que hemos padecido estos últimos dos meses.

Primero de forma aislada y, más tarde, con la creciente e incesante devastación en distintas ciudades, han ido apareciendo iniciativas de locatarios comerciales, vecinos y pobladores, que buscan defender, por sí mismos, sus barrios, sus calles, sus entidades públicas y comercios. Organizados de manera incipiente y armados de forma rudimentaria, hemos visto cómo intentan detener el vandalismo y la feroz destrucción que supera las posibilidades efectivas de las fuerzas policiales. Con enorme preocupación, hoy observamos cómo oficiales policiales admiten haber sido sobrepasados por la magnitud, el número y la fuerza de los antisociales. Y, en este contexto, ha sido la comunidad la que ha recurrido a su propia defensa. A autotutelar los derechos que la institucionalidad no logra proteger.

En un contexto muy diferente, un caso que guarda algunas similitudes con lo que se comienza a manifestar en Chile, fue lo ocurrido en California, cuando aquel Estado norteamericano fue asolado por atroces incendios. La magnitud de aquellos eventos fue tal, que las posibilidades de respuesta técnica y humana de los cuerpos de bomberos oficiales fueron superadas. Y, en ese momento, algunas personas recurrieron a servicios privados de lucha contra los siniestros. ¿Quiénes? Los que podían pagar, es decir las personas adineradas que tenían recursos suficientes, contrataban bomberos privados que protegieran sus bienes. Y quienes no tenían esos recursos, quedaban a merced de lo que pudieran hacer las instituciones de protección pública.

¿Algo así podría ocurrir en nuestro país? ¿Será que, en medio de esta situación de inseguridad y vandalismo, con las fuerzas policiales al borde de ser superadas, algunos habrán de recurrir a servicios de seguridad privados? ¿Nos llenaremos de guardias privados protegiendo condominios, edificios, barrios y demás lugares habitados por quienes poseen los recursos para financiar tales servicios?

De ocurrir una situación como la descrita, observaríamos con desazón cómo, también en esto, el dinero hace la diferencia. La privatización de la seguridad y, capaz que, hasta el control policial, sería el penúltimo eslabón de un devenir social que involuciona. Si el Estado, la institucionalidad, no consigue brindar aquello que está en la base del contrato social, la protección y garantía de nuestra seguridad, perdería parte esencial de su razón de ser. Y no se justificaría.

Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia. Egresado de Derecho.

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