Afectados por filtración de lista evalúan ejercer acciones legales

La difusión masiva en Whatsapp y redes sociales de una lista con datos confidenciales de personas en seguimiento -por ser viajeros o contactos de pacientes con Covid-19- causó molestia y verdadero temor en quienes fueron expuestos en forma pública

La PDI será la encargada de esclarecer este hecho que expuso a 80 personas, quienes han sido hostigadas a través de llamadas telefónicas y afuera de sus hogares.

El Coronavirus, una pandemia que actualmente acapara la atención en cada rincón del mundo, conlleva -por su fácil contagio- al temor en la sociedad. ¿Qué pasa cuando se filtran los nombres de personas, la mayoría de ellos sanas, pero en seguimiento y son sometidas al escarnio público? La respuesta de los afectados es casi la misma: temor de asomarse a la calle o de responder el teléfono.

Lo sucedido el día lunes, cuando se filtró un listado con 80 nombres, direcciones, números telefónicos y datos confidenciales de personas en seguimiento sanitario por esta enfermedad, motivó acciones legales por el Gobierno, así como un sumario interno en la Secretaría Regional Ministerial de Salud, para conocer la forma en que se difundió el documento.

Se trataba de un listado cuya utilidad era fiscalizar a personas que debían hacer cuarentena preventiva por haber estado en contacto con casos positivos de Covid-19 o por haber viajado a países considerados como altamente contagiosos. Sin embargo, la propia autoridad sanitaria aclaró que son personas sanas y que no presentan síntomas.

“ESTOY PREOCUPADO”

Uno de los afectados, quien por razones obvias pidió resguardar su identidad, reveló a Diario El Centro cómo él, su esposa, hijos y demás familiares, afrontan la dura situación. “A mí personalmente me preocupa el tema de cuando se acabe mi cuarentena, es decir, ¿voy a salir a la calle y voy a ser mal visto?, ¿me van a criticar?, ¿me van a apuntar con el dedo?”

Y es que, a raíz de la filtración de sus datos, ha recibido llamadas en horas de la madrugada, improperios y hasta ha sido vigilado a las afueras de su vivienda, donde reside con su familia.

“Estoy preocupado por saber qué va a pasar cuando salga de mi casa la próxima semana. Es lo que me preocupa. La información ha sido mal utilizada, tanto por la gente que toma la información y la traspasa sin ver los daños que pueda traer, y de las autoridades que hacen un mal manejo”, sostuvo.

Asimismo, informó que tanto él como las demás personas vulneradas evalúan llevar adelante acciones legales, sin embargo, por ahora resulta difícil, ya que la mayoría están confinados en sus hogares, donde desconocidos han colocado carteles a modo de discriminación. “Estamos estudiando acciones legales, estudiando, viendo con algunos abogados los puntos que se pueden tomar” informó la víctima.

HABLA JURISTA

Osvaldo Artaza, quien es abogado y académico de la Universidad de Talca, refirió que se trata de información confidencial. “Queda bastante claro si nos referimos al artículo 12 de la Ley Sobre Deberes y Derechos de los Pacientes, en especial, si es que efectivamente esta información la ha obtenido el profesional en razón de la confianza con el paciente”, dijo.

“De esta forma, puede haber dos vía de imputación: al profesional que divulga y que obtiene la información; y a otra, al empleado público que sabe, por razón de su cargo, tales secretos. Por ejemplo, un funcionario de la salud que no haya sido quien obtuvo la información del paciente, pero la obtiene porque tiene acceso a la información debido al lugar donde trabaja”, precisó Artaza.

El académico sostuvo que para determinar si efectivamente se está ante una conducta delictiva, se debe definir, en primer lugar, si es que los hechos pueden ser subsumidos en algún tipo penal. “Si bien la Ley de Deberes y Derechos del Paciente no contiene un delito en específico, respecto de la conducta planteada, no es menos cierto que el Código Penal chileno contempla -en los artículos 246 y 247- figuras relativas a la divulgación o revelación de secretos”, señaló.

El experto aseveró que incluso el Código Sanitario establece –justamente- ciertos deberes de los médicos cuando se asiste una persona que padece una enfermedad transmisible. “Esta información debe ser comunicada por escrito a la autoridad sanitaria más próxima. Está bastante regulado quiénes pueden acceder a la información de un paciente, por tanto, lo que deberá hacer el Ministerio Público es determinar si se cumple con el requisito de un secreto”, precisó.

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