Acusación Constitucional

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14 de diciembre de 2019
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La acusación constitucional regulada en nuestra Carta Fundamental es un mecanismo que tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad constitucional de las más altas autoridades del Estado, sobre la base de actos, decisiones o conductas que configuren las causales en ella señaladas, las cuales, si bien tienen un componente político, son eminentemente jurídicas (Ej. «infringir abiertamente la Constitución y las leyes»; «comprometer gravemente el honor o la seguridad de la nación»; «notable abandono de deberes»; comisión de delitos, tales como «traición», «concusión», «malversación de fondos públicos», «soborno»).

En esta dimensión, nuestro Congreso Nacional, nuevamente, como ya es una tradición bajo la Constitución Política actualmente vigente, vuelve a desvirtuar su utilización con la destitución del ex Ministro del Interior, empleándola como un verdadero «juicio político», lo que es más bien propio de un parlamentarismo.

En efecto, de la detallada revisión de las acusaciones constitucionales que han prosperado en la última década -ex Ministra de Educación Yasna Provoste; ex Ministro de Educación Harald Beyer; ex Ministro del Interior Andrés Chadwick-, el común denominador en la declaración de culpabilidad por parte del Senado, han sido las consideraciones de índole políticas y no jurídicas, lo que nos debe llevar a reflexionar y revisar si este mecanismo constitucional se justifica en un sistema como el nuestro, o bien, si es el Congreso Nacional el organismo que debe conocer de ellas.

Alejandro Cárcamo Righetti
Abogado

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