Acusación constitucional y libertad de reunión

El derecho a la libertad de reunión se vuelve absoluto, sin importar el orden público, si perjudica a terceras personas, bienes públicos o particulares.

Por un escaso margen, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional que sectores políticos de oposición presentaron en contra del Intendente de la Región Metropolitana, por estimar que dicha autoridad había infringido los derechos humanos al supuestamente restringir el derecho a la libertad de reunión.

Los hechos que están de fondo en esta acusación no son ajenos a lo que ha ocurrido en distintos puntos del país, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. En el caso de Santiago, el foco de atención ha estado puesto en la denominada Plaza Baquedano o Plaza Italia, aunque otros la denominan como Plaza de la Dignidad.

Un lugar que, por muchos años, fue el punto de celebraciones por triunfos deportivos. Ahora, tras el denominado estallido social, se transformó en el foco de manifestaciones que, en un principio, fueron pacíficas y, en algunas ocasiones, congregaron a más de un millón de personas. Un ejemplo de ejercicio de la democracia.

Pero los conflictos se generaban al término de las protestas, cuando grupos minoritarios –autodenominados como “primera línea”- se enfrentaban con personal de Carabineros. Con el paso del tiempo, estos enfrentamientos adquirieron gran violencia de ambos lados, con personas lesionadas con balines y gases lacrimógenos.

En contraparte, también se cuentan numerosos casos de personal de Carabineros lesionados y, algunos, incluso fueron objeto de golpizas y homicidios frustrados, cuando a una funcionaria le cayó una “bomba molotov”. Se sumaron, además, incendios intencionales de edificios cercanos y de microbuses.

Bajo este contexto, Carabineros comenzó a aplicar una política denominada “tolerancia cero” que, en la práctica, se tradujo en un copamiento de la zona por parte de personal policial y equipamiento disuasivo, derivando nuevamente en enfrentamientos violentos que dejaron como saldo incendios y una persona fallecida.

La acusación se fundamentó, precisamente, en que esta estrategia policial habría sido instruida y coordinada por el Intendente, lo cual fue interpretado como restringir el derecho constitucional a la libertad de reunión, en un contexto de represión policial y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La contraparte, es decir, la defensa del Intendente, alegó que las decisiones se tomaron a partir de un decreto que le permite a la autoridad del Ministerio del Interior regular el derecho a la libertad de reunión. Pero la acusación se impuso y, ahora, será el turno del Senado para resolver –como un jurado- si la acepta o rechaza.

El asunto de fondo es, en definitiva, que si se confirma la votación de la Cámara Baja, queda virtualmente derogado el decreto en cuestión. Ello significa, entonces, que el derecho a la libertad de reunión se vuelve absoluto, sin importar el orden público, si perjudica a terceras personas, bienes públicos o particulares.

Se trata de algo claramente incompatible con el Estado de Derecho, donde las instituciones jurídicas se ejercen en forma equilibrada y regulada. Lo contrario es, literalmente, la anarquía y el desorden, algo que Chile ya vivió y a lo cual nadie quiere volver. Simplemente, porque todos se verían perjudicados, sin excepción.

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