Acusación constitucional y derecho a reunión

El derecho a la libertad de reunión tiene la limitante no dañar o perjudicar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como ocurre en toda sociedad moderna y en un contexto de Estado de Derecho.

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5 de febrero de 2020
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La votación en el Senado respecto a la acusación constitucional contra el Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, cuyo resultado fue el rechazo al no alcanzar el quórum necesario que exige la ley, vuelve a poner en el tapete que existe un punto importante respecto al ejercicio y limitación de los derechos constitucionales.

Tal como se dijo en otra editorial publicada cuando la Cámara de Diputados acogió esta misma acusación, con un estrecho margen, el derecho a la libertad de reunión tiene la limitante no dañar o perjudicar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como ocurre en toda sociedad moderna y en un contexto de Estado de Derecho.

Un ejemplo el derecho a la libertad de expresión e información. Los medios de comunicación sabemos claramente que existen regulaciones específicas contenidas en la ley de ejercicio del periodismo y otras normas, como el Código Penal o el Código Procesal Penal, las cuales buscan compatibilizar con otros derechos fundamentales.

Así ocurre también con el derecho a reunión, cuya regulación busca precisamente que otras personas no se vean afectadas en sus propias libertades. Por ello, existe un decreto que permite a la autoridad dictar la correspondiente autorización para marchas o manifestaciones, buscando asegurar que se desarrollen en paz.

Para estas personas, salvo excepciones muy contadas, gestionar esta autorización les permite contar con seguridad y, además, llevar a cabo sus actos en forma ordenada. Ello también permite que alguien –ya sea persona natural o jurídica- se haga responsable de las consecuencias de que se cometa algún acto impropio.

No se puede culpar a una organización que convoca y obtiene permiso para una marcha o protesta, por la acción de vándalos o sujetos desconocidos que, muchas veces, buscan aprovechar estas circunstancias para cometer delitos. Aún más, son numerosos los casos en que los propios manifestantes aíslan y repudian a estos individuos.

En esa dirección apunta que la autoridad ejerza su facultad de coordinar autorizaciones para marchas o actos en el espacio público. Y ese es el punto de fondo que se discutió en la Cámara de Diputados y en el Senado, por cuanto si la acusación prosperaba, en la práctica, ese decreto que otorga dichas facultades quedaba derogado.

Todo esto podría haber significado, en términos teóricos, por supuesto, que el ejercicio de la libertad de reunión se volvía un derecho absoluto, el cual se podría imponer sin trabas a otros derechos, sin importar sus consecuencias. Si ello ocurría, habría sido un pasó atrás en esta democracia que tanto les costó a todos los chilenos por igual.

Vale destacar, en este sentido, la posición de senadores que, si bien tenían una crítica política respecto a la labor del Gobierno y sus autoridades en materia de orden público y derechos humanos, igualmente señalaron con claridad que no habían alcanzado la convicción para votar a favor. Y como el Senado actúa como jurado, se abstuvieron.

Lo más preocupante es que, esta votación fue la última actividad parlamentaria antes del receso de febrero, donde tampoco hubo consenso para continuar legislando, cuando en realidad los congresistas debieron concluir su labor del año votando a favor de alguna ley que otorgue respuesta a las legítimas demandas sociales.

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