Abolición del secreto pontificio

El papel del “abogado o procurador” encargado de investigar las denuncias en forma interna, en la iglesia católica, ahora podrá ser ejercido también por laicos.

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18 de diciembre de 2019
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Impacto mundial causó el anuncio realizado este martes por el Papa Francisco, en cuanto instruyó abolir el secreto pontificio cuando se trate de casos de abusos sexuales que involucren a personas relacionadas con la iglesia católica, además de otras medidas que buscan facilitar la investigación de estas graves denuncias.
En la práctica, se trata de dos nuevas leyes. La primera deja sin efecto el secreto pontificio en casos «de violencia y de actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, abuso de menores y de personas vulnerables, pornografía infantil y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales «.
La segunda ley viene a agravar las normas sobre casos similares de pederastia, ampliando las hipótesis para que se configura una falta grave. Esto es, ahora se incluye «la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo», esto es, no sólo de menores de 14 años.

Pero no es lo único. Según publicó este martes Agencia EFE, existe otra instrucción «sobre la confidencialidad de las causas» donde se establece que «no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos».

Y, en un último articulado, se establece también que, en casos de delitos más graves, el papel del “abogado o procurador” en cargado de investigar las denuncias en forma interna, en la iglesia católica, ahora podrá ser ejercido también por laicos que tengan un doctorado en Derecho Canónico, es decir, no sólo por sacerdotes.

Un dato relevante, según hace ver la prensa internacional, es que nuevas normativas no afectan al secreto de confesión, ya que se mantiene, pero ahora se subraya que será necesario proteger siempre la privacidad tanto de las víctimas como de los testigos. A ello se añade que, también, se debe facilitar el trabajo investigativo.

Esto significa, en la práctica, que la iglesia católica deberá ponerse a disposición de las autoridades civiles para la investigación de los casos ya implicados en procedimientos canónicos. La decisión del Papa fue destacada, incluso, por el arzobispo maltés, Charles Scicluna, quien estuvo en Chile investigando denuncias.

«Recuerdo que se habló repetidamente del secreto pontificio casi como de un impedimento a la debida información dada a la víctima y a las comunidades. En mi opinión, esta decisión es histórica en el contexto de la institucionalidad jurídica del secreto pontificio y llega en el momento justo», señaló Charles Scicluna.

El arzobispo, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicó que «antes la víctima no tenía la oportunidad de conocer la sentencia que siguió a su denuncia, porque existía el secreto pontificio. También otras comunicaciones eran obstaculizadas, porque el secreto pontificio es del más alto nivel».

En Chile, las víctimas exigieron que ahora el Vaticano libere el denominado Informe Scicluna, cuyo contenido nunca fue entregado al Ministerio Público por el Vaticano. Los restantes impactos de esta medida aún están por verse, pero son una luz de esperanza de que la transparencia llegó para quedarse en el Vaticano.

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