Vania Figueroa Ipinza, Directora del proyecto InES-Género de la Universidad Autónoma de Chile e integrante de la Red de Investigadoras de Chile y la Fundación Hay Mujeres, envió una columna a El Centro explicando la importancia de proteger la libertad de las investigaciones científicas de quienes buscan coartarlas para perpetuar sus intereses, algo que está garantizado en la Propuesta Constitucional.
La libertad de investigación implica elegir libremente el tema a investigar, las preguntas y los métodos para encontrar respuestas, así como presentar pública y libremente hipótesis, resultados y razonamientos. Pese a que es tentador suponer que en pleno siglo XXI no existen amenazas, el Índice mundial de libertad académica 2022, que incluye la libertad para investigar, demuestra una disminución sustancial durante la última década en varios países.
La última edición de este índice sitúa a Chile entre los países mejor posicionados, por tanto,
podríamos suponer que no tenemos “nada” que proteger. No obstante, también muestra cómo Brasil, potencia científica de Sudamérica, y Estados Unidos, exhiben un detrimento en la libertad académica, dando cuenta que el alcance real de la misma está determinado por reglas formales e informales, financiamiento, prácticas de gestión y marcos institucionales, entre otros, que pueden variar en cualquier momento.
En el Capítulo II de la propuesta constitucional se “garantiza la libertad de investigación”. ¿Por qué es fundamental esta garantía? Porque gobiernos, corporaciones y científicos(as) de élite pueden amenazar esta libertad. Cualquiera que desafíe a estos grupos de interés es un blanco potencial de diversas formas de censura o represalias, que incluyen suprimir resultados, retrasar su publicación o restringir su acceso público, como cuando el gobierno de Boris Johnson censuró informes que revelaban la necesidad de confinamientos más estrictos durante la pandemia de COVID-19.
Remover a científicos(as) de instituciones porque su investigación arrojó resultados que no
favorecieron lineamientos institucionales es otra forma de amenaza. El Dr. Horacio Croxatto, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2016, fue expulsado de la Pontificia Universidad Católica de Chile por sus investigaciones en reproducción humana y su activa defensa al uso de la píldora del día después.
Algunos ejemplos
En Brasil, Jair Bolsonaro excluyó a dos investigadores del listado para recibir la Orden Nacional del Mérito Científico 2021 por sus estudios que demostraron la ineficacia de la cloroquina para tratar a personas con COVID-19.
Finalmente, científicos(as) de élite pueden ser coartados, por lo que la libertad de investigación de sus equipos puede verse afectada cuando esa influencia debe satisfacer a sus patrocinadores, mantener fondos y/o proteger su reputación. Los ejemplos más famosos los encontramos en torno a la industria tabacalera y azucarera, donde se tergiversaron intencionalmente hallazgos científicos para favorecer sus intereses.
La libertad de investigación es la piedra angular para la generación de conocimiento y un requisito previo para la calidad y excelencia no solo de la investigación sino también de la educación y la docencia. Por eso, protegerla en la Constitución es una buena idea, más aún cuando su disminución afecta nuestra democracia y el bienestar social.
Dra. Vania Figueroa Ipinza
Directora del proyecto InES-Género de la Universidad Autónoma de Chile.
