La Contraloría investiga si instituciones como Migraciones, PDI y DGAC cumplieron con la legalidad en el ingreso de vuelos con haitianos a Chile este 2025.
La Contraloría General de la República inició una investigación especial para fiscalizar la legalidad del ingreso de vuelos con migrantes haitianos, amparados en la figura de reunificación familiar.
El procedimiento se centra en revisar el actuar de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y otros servicios involucrados en la llegada de estas personas.
“Este martes 15 de abril iniciamos una investigación especial en Migraciones, PDI, DGAC y otros servicios públicos, para revisar la legalidad del ingreso de vuelos con migrantes, bajo el argumento de reunificación familiar”, informó la Contraloría mediante su cuenta oficial.
El anuncio se dio a conocer luego de que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, restara dramatismo a la situación. El secretario de Estado afirmó que “para que esos aviones hubiesen podido aterrizar, contaron con la autorización de la autoridad responsable en nuestro país”, asegurando que los pasajeros poseen visa de reunificación familiar.
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— Contraloría (@Contraloriacl) April 15, 2025
Aumento inusual sin cifras concretas
Sin embargo, la polémica se intensificó tras las declaraciones del senador independiente Karim Bianchi, quien denunció un aumento inusual de vuelos chárter desde Haití durante este año. “Nadie sabe quién los financia”, advirtió, añadiendo que 12 vuelos han aterrizado en Chile en 2025, cada uno con entre 150 y 200 personas.
El diputado Rubén Oyarzo también cuestionó el manejo del Gobierno, acusando un intento por “disfrazar de normalidad” la llegada masiva de haitianos, especialmente menores de edad. “Parece que quieren esconder la cabeza una vez más”, sostuvo, añadiendo que no existen garantías sobre la veracidad de los vínculos familiares.
Desde el Ejecutivo, Cordero reiteró que los visados benefician principalmente a “niños, niñas y adolescentes cuyos padres tienen residencia definitiva en Chile”. No obstante, evitó entregar cifras concretas sobre el número de personas que han ingresado recientemente.
La Contraloría deberá establecer si las instituciones fiscalizadas actuaron conforme a la normativa vigente o si existieron vacíos que facilitaron ingresos irregulares.
