La investigación busca determinar si se violaron las normas de confidencialidad en el caso Sierra Bella, tras la filtración de conversaciones entre la exalcaldesa Hassler y la diputada Karol Cariola.
Estas conversaciones, recuperadas por la PDI, fueron extraídas del celular de Hassler y contienen mensajes que incluyen críticas al gobierno del presidente Gabriel Boric y señalamientos hacia figuras políticas. La Fiscalía examinará si la divulgación no autorizada de estos mensajes vulneró el artículo 182 del Código Procesal Penal. Este resguarda la privacidad de los antecedentes en una investigación.
Además, la Fiscalía ha indicado que la filtración de información privada podría afectar tanto el curso de la investigación como la dignidad de los involucrados. En este contexto, se busca esclarecer si la divulgación de estos mensajes, considerados irrelevantes para la causa penal, estuvo dentro de los límites legales establecidos. La Fiscalía también recordó que solo la información relevante para la causa debe ser divulgada.
El incidente ha generado una fuerte controversia en el ámbito político, especialmente dentro del Partido Comunista y del oficialismo. Ambos cuestionaron la pertinencia de difundir detalles privados de una investigación que no guardan relación directa con el caso.
En las filtraciones, Cariola critica al presidente Boric, a quien se refiere como “P”. Además, la diputada hace comentarios despectivos sobre otras figuras del gobierno, como la ministra Camila Vallejo y el exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía.
En respuesta, varios miembros del Partido Comunista, como las diputadas Carmen Hertz y Luis Cuello, y el exalcalde Daniel Jadue, han criticado lo que consideran una “operación política” en contra de Cariola. Mientras tanto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en que solo debe hacerse pública la información relevante para el proceso penal.
