La Contraloría General detectó graves irregularidades en servicios de salud encargados de destruir drogas incautadas, con retrasos de hasta 384 días en procesos clave.
La Contraloría General de la República auditó 10 de los 29 servicios de salud encargados de recibir y destruir drogas incautadas, descubriendo serias falencias en los procedimientos. En algunos casos, las sustancias permanecieron hasta 288 días sin ser resguardadas, superando por mucho el límite legal de 24 horas. Asimismo, su eliminación llegó a retrasarse hasta 31 días, exponiendo a los recintos a graves riesgos de seguridad.
Además, muchos centros carecen de instalaciones adecuadas para el almacenamiento de estas sustancias, viéndose obligados a ubicarlas en oficinas, estantes y pasillos, lo que compromete tanto la seguridad del personal como la integridad de los decomisos. También se constató la falta de hornos especializados para la destrucción de drogas.
La auditoría reveló que, en algunos casos, los servicios de salud tardaron hasta 384 días en informar a la Fiscalía sobre la destrucción de los estupefacientes, incumpliendo el plazo legal de cinco días. Este retraso genera procesos opacos que facilitan posibles pérdidas o hurtos.
Por otro lado, el informe detalló que una Unidad de Decomiso sufrió el robo de 957 muestras de cannabis no analizadas, exponiendo graves fallas de seguridad, como la falta de cámaras y puertas blindadas. Este tipo de irregularidades, sumadas al incumplimiento de normas, evidencian la necesidad urgente de reformas estructurales.
Finalmente, se registraron 422 demoras en el procedimiento de incineración de drogas, acumulando más de 11 toneladas de sustancias ilícitas pendientes. Las visitas inspectivas de altos funcionarios confirmaron que estas deficiencias amenazan el cumplimiento de la Ley 20.000, que regula el tráfico de estupefacientes.
