Diego Palomo, abogado y académico de la Universidad de Talca.
Carta
Se acerca el fin de año y, como es costumbre, empiezan a plantearse balances y también proyecciones para el próximo.
Pues bien, no ha sido un buen año para la imagen de los profesionales practicantes del derecho. Para los abogados.
En un momento donde se reitera que las instituciones están en crisis, el sistema legal requiere de abogados que trabajen con integridad y responsabilidad para asegurar la justicia y eficiencia del mismo.
El 2024 ha estado cruzado por el caso audios y las actuaciones del ex influyente abogado Luis Hermosilla. Todo indica que el 2025 seguirán conociéndose más detalles sobre las distintas aristas del comentado y mediático caso.
Si eso no fuese suficiente, se cierra el año con una actuación al menos muy confusa y opaca del abogado de la denunciante del presidente Boric. Las “explicaciones” que ha dado dan cuenta de una superficialidad difícil de tolerar.
Pareciera entonces más pertinente que nunca, incorporar y/o reforzar en la enseñanza del Derecho que imparten las Universidades el componente ético que importa el ejercicio de la profesión legal.
Junto con lo anterior, es importante abandonar el paradigma de la auto limitación y avanzar en fórmulas que desde la mayor severidad controlen la ética en la abogacía que, guste más o menos, es uno de los pilares de la confianza de la ciudadanía en el sistema legal.
