Pese a las exigencias de mayor fiscalización en la DGA, recursos de reconsideración pueden tardar más de 8 años en resolverse, dejando infractores sin sanción inmediata.
Un recurso de reconsideración puede tardar más de ocho años en resolverse en la Dirección General de Aguas (DGA). A pesar de los esfuerzos del Estado para dotar a las instituciones públicas de mecanismos que favorezcan la fiscalización, en la DGA estas fiscalizaciones son cruciales para la protección del medio ambiente, como en el caso de la extracción ilegal de áridos.
En enero de 2024, la actual ministra de Obras Públicas, Jessica López, dio a conocer la cantidad de multas cursadas por infracción al Código de Aguas. Sin embargo, fuentes internas comentan que, aunque la Dirección General de Aguas demanda un mayor nivel de fiscalización —con todo el despliegue y la coordinación que ello implica—, una vez emitidas las multas, los infractores suelen presentar un recurso de reconsideración. Esto deja los casos en manos de la DGA, donde pueden quedar “durmiendo”, lo que en la práctica significa que los infractores muchas veces evitan sanciones o las reciben de forma extemporánea. Durante este tiempo, continúan extrayendo áridos de manera irregular.
Diario El Centro tuvo acceso a información sobre los recursos de reconsideración pendientes de resolución en la DGA y pudo constatar que existen casos sin resolver desde 2016. Asimismo, hay resoluciones sobre solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas con recursos pendientes de 2007.
Este tema es relevante, ya que se trata de ingresos que el Estado deja de percibir. En un contexto de discusión sobre la Ley de Presupuestos, cabe preguntar si los servicios están cumpliendo su deber de cobrar las multas. ¿Ocurre lo mismo en otros organismos?
