Diego Palomo, abogado y académico de la Universidad de Talca.
Frente a la crisis de desconfianza presente en nuestras instituciones, de las que no se exime la Justicia (me refiero a ella en términos generales), conviene recordar que dicho cuadro no se pinta ni se ha pintado nunca por un solo operador del sistema.
En una primera lectura, podría pensarse que debe depositarse todo el protagonismo y responsabilidad en la obtención de un resultado lo más justo posible en los jueces y juezas.
Pero eso, además de desconocer la realidad, parte de la base que cada juez y jueza tiene a su cargo un solo caso.
Aún así, la tendencia durante todo el s. XX y que aún se aprecia en buena parte de los órdenes jurisdiccionales, es de jueces y juezas dotados de amplios poderes procedimentales y también materiales, entre los que destacan su intervención activa en ciertas materias.
Sin embargo, en este afán, que se levanta en la confianza del legislador en estos operadores, por ser representantes del Estado dentro del proceso judicial, y que se manifiesta en buena medida en las reformas posteriores al año 2000, se ha olvidado o ido olvidando la tremenda importancia de los abogados de las partes y de los fiscales y defensores (públicos o privados) a la hora de, al hilo de las virtudes del principio de contradicción aportar al proceso la información de la mejor y mayor calidad posible que permita, por el mutuo y firme control que permite, contar con elementos de juicio fiables y contrastados que permita al juez o jueza basar su sentencia en ellos.
Esto impone compromiso y responsabilidad. El caso de la audiencia en el tribunal de garantía de los Vilos es un buen ejemplo, donde desde luego no todo fue responsabilidad del ente persecutor.
La imagen de la Justicia es tarea de todos y dada la relevancia que cumple dentro de un Estado democrático de Derecho no cabe sino insistir en lo mucho que se juega un país a propósito del funcionamiento del sistema de Justicia.
Si exponemos nuestra Justicia, la penal en este caso, además de los disparates procesales, a las crecientes amenazas del entorno, y sospechas mal intencionadas, corremos el riesgo que un discurso poco y nada republicano termine instalándose en la ciudadanía con todo el daño que puede terminar causando.
Por ello, corresponde a todos cuidar y pintar nuestro sistema de Justicia, corrigiendo lo que se deba corregir, para hacerlo más eficiente, pero sin caer en lecturas maniqueas o que recogen solo eslóganes vacíos de contenido, cuya única finalidad es lograr el aplauso fácil y el voto en la siguiente elección.
