Mediante una investigación al Programa Plan Noche Digna, la Contraloría encontró diversas irregularidades, como la falta de monitoreo a las prestaciones entregadas por los organismos ejecutores.
En el marco del Caso Convenios, la contralora (s) Dorothy Pérez informó que la Contraloría General de la República realizó una fiscalización en relación a las transferencias realizadas desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y la cartera de Cultura, hacia entidades privadas.
Particularmente, se realizaron auditorías en las Seremis de Desarrollo Social de Atacama y el Maule. Asimismo, fueron fiscalizados el Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia y sus direcciones regionales en la Región Metropolitana y Biobío. Además de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Irregularidades en el Maule
En la Región del Maule, se fiscalizó el Programa Plan Noche Digna, que brindó alternativas de hospedaje y atención básica a personas en situación de calle durante épocas de bajas temperaturas, durante el 2022.
Durante la fiscalización, se detectaron diversas irregularidades, como la falta de monitoreo de la contra parte técnica a las prestaciones entregadas por los organismos ejecutores.
Además, se encontró que cinco de los nueve dispositivos revisados incumplieron la cantidad mínima de prestaciones que debían ser entregadas. Sumado a ello, se constató que tres usuarios se encontraban fallecidos al momento de recibir prestaciones.
Por otra parte, se evidenció que la Seremi incumplió los plazos de revisión de las condiciones de apertura de los dispositivos. Del mismo modo, se efectuaron transferencias de recursos sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos de los convenios.
En tal sentido, la Contraloría observó deficiencias en la infraestructura de la ONG Alta Tierra y la Fundación Luxemburgo, entidades a las que se realizaron transferencias de recursos.
Actualmente, se está realizando una auditoría a los recursos transferidos a entidades privadas por la Seremi de Desarrollo Social de la Región del Maule, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio del 2023.
